Masacres carcelarias en Ecuador: aún sin responsables

Las masacres carcelarias en Ecuador han dejado más de 300 reos asesinados en lo que va del año, y hasta el momento, nadie ha sido sentenciado por ninguna de las muertes.

Así lo reconoció la Fiscalía General del Estado, el pasado 15 de noviembre, a través de un pedido de información realizado por este medio, "ninguna investigación por el delito de asesinato ha alcanzado aún una sentencia condenatoria". Tras los hechos suscitados el 23 de febrero, la Fiscalía conformó un equipo especializado de fiscales para investigar las muertes ocurridas en las cuatro cárceles.

Desde entonces la Comisión continúa vigente, asegura Daniel Vejar, director de Derechos Humanos y Participación Ciudadana de la Fiscalía en una entrevista con Ecuavisa.com y detalló que está integrada por 19 fiscales.

“Todas las investigaciones se han iniciado de oficio y los familiares también han puesto denuncias", expone. Actualmente son 13 los procesos abiertos por el delito de asesinato relacionado a las masacres carcelarias, sin embargo Vejar precisa que esta cifra “no significa que no se hayan abierto más, lo que sucede es que por cada hecho violento se han ido adhiriendo investigaciones (...) no es que por una noticia de delito se investiga un solo fallecimiento”.

DOS AÑOS O MÁS PARA ENCONTRAR CULPABLES

Pero ¿en cuánto tiempo los familiares tendrán respuestas? El Código Orgánico Integral (COIP) en el artículo 585 establece un plazo de dos años de investigación por el delito de asesinato, pero Vejar anticipa que existe la posibilidad de que el tiempo se extienda. “En las comparecencias que hemos tenido en la Asamblea Nacional, hemos propuesto que hay ciertos casos que deben ser considerados como complejos y se tiene que entender que, por diferentes particularidades puede que una investigación en dos años no llegue a contar con los elementos suficientes para tomar una decisión, llámese el archivo o formulación de cargos”, subraya.

Frente a ello, Billy Navarrete director ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), cuestiona el accionar de la institución “ha estado bastante ausente la acción de la Fiscalía en relación a la gravedad de los hechos, y eso es una mala forma de responder, poco ha hecho, poco ha dicho”.

Por su lado, Vejar recalca, que existen diferentes tipos de responsabilidades, entre ellas, la administrativa. Y en ese sentido, recuerda que en noviembre la Asamblea Nacional emitió un informe sobre la crisis penitenciaria. En este se señaló que existía una responsabilidad directa de los funcionarios que estuvieron al frente del sistema de rehabilitación social desde el 2016 hasta este año, y apuntó a ministros de Justicia, secretarios de Derechos Humanos, autoridades del Consejo de la Judicatura, etc.

En el caso de las investigaciones penales, Vejar expresa que "por las propias reglas del debido proceso requiere que Fiscalía individualice (...) y pruebe más allá de toda duda razonable. La Fiscalía no va a hacer acusaciones irresponsables o porque se acaben los dos años vamos a acusar sin tener pruebas suficientes".

"¿QUIÉN VA IR PRESO POR ESTA SITUACIÓN?"

Esperar dos años para Alex Burbano sonaría a una eternidad. Su hermano Eduardo fue una de las víctimas de la masacre en la Penitenciaría de Guayaquil, el pasado 28 de septiembre, pese a que ya había cumplido el 60% de su pena por tenencia de droga, no alcanzó a salir con vida.

Ahora Alex y su familia buscan justicia, pero nada es fácil, "el día que lo encontramos a mi hermano nos exigían poner una denuncia, pero nosotros decíamos a quién vamos a denunciar, sino sabíamos el proceso".

Así Alex cuenta que ha estado al vaivén de las contradicciones de las autoridades, “es un proceso muy lento porque yo al principio fui a la Defensoría del Pueblo, pero me mandaron a la Defensoría Pública porque me iban ayudar con un abogado, allí no sabían nada, y me mandaron de regreso”.

Poner la denuncia para que se abra una investigación formal por la muerte de Eduardo ha sido un tipo de consuelo, dice Alex, pero todavía las respuestas a sus preguntas tardan, "¿quién va a ir preso por esta situación? Todo hecho tiene un culpable (...) Lo que se está buscando es que el Estado nos diga por lo menos qué es lo que sucedió".

SIN AYUDA PSICOLÓGICA

Al igual que las respuestas, la ayuda psicológica tampoco ha llegado, pese a que el Estado aseguró que los familiares de las víctimas lo recibirían, “cuando estuvimos en la morgue me volvieron a coger los datos la Secretaría de Derechos Humanos para un acompañamiento psicológico para toda la familia y hasta ahorita nadie llama”, revela Alex.

El desinterés del Estado, para Navarrete, es evidente desde múltiples frentes, y en ese sentido, expone que los familiares no han recibido ni una reparación simbólica por el daño perpetrado, "son familias que han estado expuestas a maltrato tras maltrato y revictimización por ser familiar de una persona que estaba en prisión”.