La inseguridad en Ecuador, la mayor deuda en el primer año de Gobierno de Lasso

La presencia del crimen organizado y del narcotráfico retratan una realidad antes desconocida para el país. Las cifras esbozan el repunte de violencia que ha quedado plasmado en hechos perturbadores, como: el uso de coche bombas, sicariatos y masacres carcelarias que conmocionaron a la ciudadanía.

Bajo este escenario, mañana 24 de mayo de 2022, el presidente Guillermo Lasso cumple su primer año de gestión. Por eso, es oportuno preguntarse ¿qué ha hecho el Gobierno para frenar la ola violencia?

Especialistas en materia de seguridad consultados por Ecuavisa.com concuerdan que, si bien, hay acciones acertadas, muchas han llegado tarde y el precio de ello ha sido muy alto. Aquí el recuento.

Cuando Guillermo Lasso tomó el mando del país su prioridad fue clara: vacunar a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de Gobierno. Para Wagner Bravo, exjefe de estado mayor del ejército, esa fue la primera acción del presidente en cuanto a seguridad nacional, "el virus amenazaba la vida de los ciudadanos. Por eso, nos confinaron y las Fuerzas Armadas salieron para que se cumplieran las restricciones".

Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que la crisis en las cárceles, vigente desde 2019, se agudizara en Ecuador. En julio de 2021, Lasso enfrentaba la primera masacre carcelaria en su Gobierno, pero no la última.

Meses después, en septiembre, 118 reos fueron asesinados en la Penitenciaría del Litoral, la "peor masacre carcelaria" en la historia del país.

Ante el hecho, Lasso declaró estado de excepción en todo el sistema carcelario. Y a mediados de año el Gobierno señaló que destinaría 75 millones para el sistema de rehabilitación social.

Pero en noviembre, otra masacre en la Penitenciaría dejó 63 reos muertos. En su intervención, luego de lo ocurrido, Lasso aseguró que la seguridad ciudadana pasaba a ser la prioridad número uno, "yo mismo asumiré la coordinación de las fuerzas del orden".

Además, anunció la conformación del Acuerdo Nacional por la Crisis Penitenciaria que implementaría siete acciones, entre esas, crear la ley de seguridad ciudadana, hoy en trámite en la Asamblea.

Asimismo, en diciembre conformó la Comisión de Pacificación para generar estrategias que fortalezcan el sistema de rehabilitación social. Pese a ello, en lo que va de 2022, ya se han registrado dos masacres carcelarias en las que, 64 privados de libertad han perdido la vida en enfrentamientos.

Así, la violencia en las cárceles también se tradujo en un repunte de criminalidad en las calles. 2021 cerró con 14,06 puntos en la tasa de homicidios, la más alta desde 2014. Mientras que, en lo que va del año ya se registran más de 530 muertes violentas solo en la Zona 8 que comprende Durán, Guayaquil y Samborondón.

"Algunas decisiones importantes se demoraron demasiado", señala Daniel Pontón, experto en seguridad y decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN). Una de esas, dice, fue la división del Ministerio de Gobierno y el nuevo Ministerio del Interior, liderado hoy por Patricio Carrillo.

Con ello concuerda, Carolina Andrade, experta en seguridad, “finalmente se dio el cambio de dividir los ministerios y poner al frente a una persona que tiene el conocimiento técnico. Fue un acierto, pese a que fue una decisión de manera tardía, se perdieron meses”.

En medio de la crisis de inseguridad el Gobierno tomó otra decisión. Desde el pasado 29 de abril, Lasso decretó el estado de excepción en Guayas, Manabí y Esmeraldas.

Para Bravo que la medida sea focalizada fue un acierto, aunque a su juicio todavía no se ven acciones "contundentes" para erradicar las causas de violencia desde la raíz "provocadas por la deuda social".

Por su parte, Lasso ha asegurado que los operativos en las tres provincias están dando resultados. Sin embargo, sicariatos y el aumento de atentados con explosivos siguen causando zozobra a la ciudadanía.

Este sábado en una rueda de prensa Alaín Luna, director general de investigaciones de la Policía, al ser increpado sobre la efectividad del estado de emergencia, dijo que la medida fue dictada para contener la ola de violencia "no significa que apenas está decretado se tiene un declive total".

Así, entre otras acciones, Lasso designó 1.200 dólares de inversión en seguridad hasta el año 2025 y se prevé el ingreso de 30 mil nuevos policías en los próximos tres años. Para Andrade, esta inversión, “es una muestra de voluntad por parte del Ejecutivo", pero que no debe ser direccionada solo con más presencia policial y militar que “está demostrado no da efecto”.

El cambio de autoridades también ha sido parte de las acciones tomadas por el Gobierno. La noche del jueves 5 de mayo de 2022, a través de dos decretos ejecutivos, Lasso decidió renovar la cúpula militar y el mando policial de Ecuador.

Lo mismo ha sucedido en el intento de aplacar la crisis carcelaria. Fausto Cobo estuvo dos veces a cargo del Servicio Nacional de Rehabilitación (SNAI), mientras que, Bolívar Garzón y Edmundo Moncayo también asumieron el cargo. Hoy está al mando de Pablo Ramírez. 

Pero los desafíos que aún le esperan al Gobierno son muchos. Andrade, expone que deberá plantear una intervención integral para recuperar los territorios que se encuentran dominados por el crimen organizado.

En ese punto, Bravo dice que falta presionar e impulsar estrategias con Colombia, de donde ingresa más del 70% de su producción de cocaína a Ecuador.

Pontón reconoce que la seguridad en el país ya estaba deteriorada desde años atrás, "Ecuador venía acarreando problemas muy serios en seguridad lo que actualmente hace que la situación sea crítica".

Ahora, concuerdan los especialistas, se necesita liderazgo para encaminar los recursos que se han ofrecido y que sean invertidos de manera eficiente para no tener un país de rodillas ante la delincuencia.