El 'camisetazo' político, otra práctica que se repite en la nueva Asamblea

Hace una semana el legislativo llegó a su día 100 y los supuestos casos de corrupción continúan empañando su imagen, a pesar de su corta estadía. Sin embargo, otra práctica que se repite aunque no es inédita, de hecho, antigua, es el transfuguismo político o mejor conocido como 'camisetazo', cuando un legislador deja su organización con la que fue electo o se declara independiente.

Así durante los 100 primeros días de gestión las organizaciones políticas tuvieron cambios, en total un informe realizado por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), registró 10 casos.

El primer episodio fue la salida de César Rohon del Partido Social Cristiano (PSC) el pasado 14 de mayo. El asambleísta era uno de los posibles candidatos del PSC para dirigir la Asamblea, sin embargo, en una declaración había amenazado con su salida por los diálogos con el correísmo. Ante ello, en un comunicado el partido señaló que las declaraciones "se deben exclusivamente a que dichos grupos políticos designaron como candidato a Presidencia a Henry Kronfle y no a él".

Para Marcelo Espinel, abogado y director de FCD, "no es algo nuevo, lo hemos visto en la política ecuatoriana (...) es un número que sin duda es alto (sobre los 10 casos), pero no es algo que esté prohibido por la Ley o que no haya sucedido", destaca y agrega que una de las causas es que el país carece de organizaciones políticas consolidadas, "con procesos de formación ideológica profundos para que sean trasladados en buenos procesos de democracia interna para seleccionar a los candidatos".

Otra baja se dio en el bloque de Pachakutik, "prácticamente no existo dentro del movimiento", expresó Omar Cevallos en su carta de renuncia. Ahora forma parte de la bancada del Acuerdo Nacional (BAN).

Otro de los partidos políticos que sufrieron bajas fue UNES con dos legisladores, el PSC cuatro, mientras que Izquierda Democrática tuvo tres.

Uno de los efectos que puede producir el transfuguismo político es la dificultad de llegar a consensos, expresa Espinel, "en lugar de negociar con jefes de bancadas, tal vez hay 10 votos flotantes que toca tratar individualmente", y agrega que además puede volver a la institución más proclive a la corrupción "nuestro país no se ha caracterizado por que la generación de consensos se lo haga de forma transparente". Y recuerda al anterior legislativo, "se hablaba de la Asamblea de repartos de hospitales, carnets de discapacidad, de cargos públicos y eso sucedía en el marco de la generación de consensos".

¿Cómo fue antes?

Si se miran los datos históricos hace nueve años atrás son 88 los casos de legisladores que han dejado sus organizaciones. En todo el periodo de 2013 a 2017 se registraron 10, la misma cantidad que lleva la Asamblea actual. Sin embargo, el legislativo de 2017 a 2021 fue donde el 'camisetazo' político reinó. Fueron 68 los asambleístas que dejaron su organización.

En ese sentido, Espinel recuerda que "casi el 40% de la Asamblea Nacional cambió en su composición ideológica durante esos cuatro años, sobre todo, cuando se dio la ruptura entre Rafael Correa y Lenín Moreno". Por ese motivo, Alianza País perdió la mayoría que tenía (más de 69 asambleístas) al dividirse entre la bancada de la Revolución Ciudadana. Otros casos se dieron entre asambleístas de la alianza CREO-Suma.

¿Se puede evitar?

Por ejemplo, en España, explica Espinel, existe un pacto "anti transfuguismo" donde los partidos o movimientos tienen un compromiso a rechazar y no admitir en su grupo político a quien ha sido parte de otro. "Ese pacto lo que logra es que pueda haber asambleístas independientes, pero que no puedan ser captados por la oposición o el oficialismo"

Además, bajo las condiciones españolas al impedir la utilización de tránsfugas para constituir, mantener o cambiar las mayorías "no es conveniente volverse independientes porque no tienen mucho margen de acción".

Espinel aclara que "no está mal que un asambleísta decida renunciar a su organización política", la clave, dice, es que se debe conocer el por qué, es decir, que el proceso sea transparente para saber a qué responde la decisión.