El bloqueo de la pista del aeropuerto: ¿Viteri aún puede ser declarada culpable?

El pasado 18 de marzo de 2020, cuando la crisis sanitaria por la covid-19 alcanzaba la cúspide, una escena recorrió las redes sociales dentro y fuera del país. Camionetas blancas bloquearon la pista de aterrizaje del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. La imagen retrató el impedimento de aterrizaje de un avión europeo.

Esa misma tarde, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, asumió la responsabilidad del hecho, literalmente: "soy la responsable de haber impedido que el vuelo de Iberia aterrice con 11 tripulantes llegados de Madrid, sí, soy la responsable", dijo.

En consecuencia, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación por un supuesto delito de lesa humanidad por impedir el aterrizaje.

Un año y tres meses después, la fiscal provincial Yanina Villagómez, encargada de investigar el caso por el fuero de corte que posee Viteri, determinó que la alcaldesa: “no tiene participación alguna en el delito investigado”. Ante ello, la máxima autoridad de la institución, Diana Salazar, solicitó que la Dirección de Control Jurídico y Evaluación de la Actuación Fiscal corrobore la investigación y, "de ser el caso, se tomarán los correctivos necesarios”.

Pero la alcaldesa ¿aún puede ser declarada culpable? Veamos.

El proceso, explicado

La abogada penalista Mónica Vargas, explica que aunque Villagómez ha descartado a Viteri de la indagación, "lo que ha hecho es desplazar la investigación a un fiscal inferior", es decir, de primer nivel, el cual continuará con el caso "puede ser que él considere formular cargos y entre las personas podría ser la alcaldesa de Guayaquil y regresaría el caso a la fiscal provincial", señala, ya que es competencia de la misma investigar a funcionarios con fuero de corte.

Asimismo, recalca que como el caso continúa abierto "la alcaldesa no está libre de cualquier investigación", y añade que el proceso podría tomar hasta dos años. El Código Penal, en el artículo 124, expone como delito la obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias, el cual es sancionado con pena de 10 a 13 años.

Reacciones:

En un acto público ayer 6 de julio, Viteri se pronunció sobre su decisión : “si por proteger a mi ciudad y hacer lo que considero justo para salvarle la vida a la gente, me quieren empujar en medio de un circo romano, que empiecen a aplaudir”.

Ante los últimos hechos, Ricardo Ramírez coordinador de la Comisión Anticorrupción capítulo Guayas, expone: "me preocupa como el poder judicial actúa de manera discrecional (...) Entiendo que la Fiscal General ha tomado una medida sobre la decisión, esperemos que se encamine (...) si el país ve que la justicia no se aplica para todos, sigue el descontento social".

Por su parte, Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, manifiesta que la decisión de la fiscal provincial: "es sorprendente porque ella (la alcaldesa) asumió la responsabilidad, ha sido casi una confesión pública (...) ojalá la justicia prime y no se fiscalice en función de favoritismos".

Por otro lado, la penalista precisa que cuando alguien acepta la responsabilidad de un delito, "no significa que no se deba investigar, puede haber personas que asumen la responsabilidad; sin tenerla".

Otro proceso pendiente

El pasado 4 de mayo, Cynthia Viteri, no se presentó a rendir versión por la investigación que se sigue en su contra por posible delito de peculado que engloba tres procesos.

La Fiscalía lidera la investigación de 12 contratos de trapeo y limpieza para la urbe que asciende a 19.7 millones de dólares. Otro contrato que se investiga es el proyecto ‘Letras Vivas' donde se pintó 50 paredes (murales) por más de 400 mil dólares. El tercer contrato es el de Óleos del Bicentenario que por seis cuadros la alcaldía iba a pagar más de 498 mil dólares.

Ante ello, Viteri ordenó la suspensión del trámite de otros contratos en curso y declarar desiertas algunas licitaciones. Mañana 8 de julio, según el vocero del Municipio de Guayaquil, César Velasteguí, se conocerá el detalle de los contratos cancelados.

El dato:

De acuerdo, al artículo 278 del Código Integral Penal (COIP), los servidores públicos que cometan el delito de peculado serán sancionados con pena privativa de libertad de 10 a 13 años.