El 80% de las denuncias por minería ilegal, en 2021, continúan en investigación

La minería ilegal se tomó Napo. Así quedó evidenciado, el pasado 13 de febrero de 2022, cuando alrededor de 1.600 militares y policías ejecutaron un operativo en la zona de Yutzupino, al sur de la provincia. Es que en las riberas del río Jatunyacu, mineros ilegales lavaban oro, contaminando, así, el agua.

Días más tarde, en una comparecencia en la Asamblea Nacional, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, aseguró que, aunque se tenía información sobre lo que ocurría en Yutzupino, las autoridades no pudieron actuar antes debido a los bloqueos de parte del juez que no permitía los allanamientos. En la misma línea, la fiscal Diana Salazar, sostuvo que los funcionarios públicos, encargados de las entidades de control forman parte de estas estructuras criminales.

Ante los hechos y aseveraciones de las autoridades, cabe preguntarse ¿qué pasa con las denuncias por minería ilegal?, ¿se investigan los casos? Veamos.

Es que según datos de la misma Fiscalía General del Estado, aunque las denuncias por minería ilegal han aumentado 30% entre 2020 y 2021. Sin embargo, las investigaciones no avanzan.

De hecho, en Napo, de las 34 denuncias registradas durante 2020 y 2022, ninguna ha tenido una resolución. Un panorama que se extiende a nivel nacional, pues de las 253 denuncias totales en 2021, solo 11 han tenido sentencia condenatoria y 206 continúan en investigación previa, es decir, el 80%.

Mientras que, en 2020 de las 184 denuncias solo 23 tuvieron sentencia. Y 102 aún siguen en investigación, más de la mitad.

El Oro, por ejemplo, es la provincia donde más denuncias por minería ilegal se registran. De las 69 inscritas en 2021, solo cuatro tienen sentencia condenatoria, y 58 se encuentran en investigación previa.

En esta provincia se encuentra Zaruma, donde la noche del 15 de diciembre de 2021, dos casas consideradas patrimonios culturales se desplomaron, y alrededor de 300 personas tuvieron que ser desalojadas debido a actividad minera ilegal, según el Gobierno.

Más denuncias, durante el año anterior, se concentraron en las provincias de Zamora Chinchipe (48), Imbabura (22), y Azuay (17). En total 87 denuncias y ninguna ha tenido una resolución.

REPUNTE MINERO

Las cifras no sorprenden a Ivonne Ramos miembro de Acción Ecológica desde 1992, quien conoce de cerca las problemáticas alrededor de la minería en Ecuador, "desde 2016 ha habido un repunte de actividades mineras a nivel nacional".

Aquello responde a varios factores, explica, por un lado, "desde la última década ha habido un repunte en el precio del oro, lo que provoca que sea una mercancía de mucha inversión".

Ramos recuerda lo sucedido en la localidad de Buenos Aires, ubicado en la provincia de Imbabura, un año después, en 2017, "mineros ingresaron de manera abrupta y se instalaron allí, empezaron a hacer actividades mineras lo que vino acompañado de violaciones sociales como sicariato, destruyeron las montañas".

Pese a que fueron desalojados, en 2019, y que el lugar está custodiado por militares, señala, las comunidades, asegura Ramos, denuncian que constantemente vehículos salen con piedras mineralizadas.

Por otro lado, Ramos, señala que el auge minero en zonas ecológicamente delicadas (como páramos), y ahora, vulneradas, pone al Estado como actor principal, "los sitios donde ha emergido (la extracción) es donde el Estado ha entregado concesiones mineras".

De hecho, en 2021 el presidente Guillermo Lasso promulgó el Decreto 151, para incrementar la producción minera. ​​​​​​Muchas de estas zonas, asegura Ramos, se entregaron concesiones sin la consulta previa a las comunidades, y pueblos indígenas. En ese sentido, dice, "en el país toda la minería es ilegal, inclusive las que se dicen legales porque han entrado al territorio incumpliendo la Constitución".

Que el 80% de las denuncias continúe en investigación previa, responde a lo que sucede en el territorio, Ramos señala que, la minería ilegal está caracterizada, en su mayoría, por la relación con el crimen organizado. En ese sentido, asegura que, pese a que en las comunidades se llevan adelante procesos judiciales, muchas veces los denunciantes son amenazados a muerte.

Los casos, tal como reflejan los datos, pocas veces logran obtener respuestas.

Así, en el país existen aproximadamente más de 2 millones de concesiones mineras, asegura la experta, y tras el decreto se espera que el número aumente.