Un año después: ¿qué ha hecho el Estado tras el derrame petrolero en la Amazonía?

Hace un año atrás, mientras que el mundo se quedaba en casa por la covid-19, las comunidades indígenas sufrían una doble pandemia.  Cerca de 15.800 galones de crudo cayeron en el río Coca entre las provincias de Napo y Sucumbíos. Las tuberías del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) se rompieron, causando el derrame de crudo más grande de los últimos 15 años. 

“Los mayores, ni los niños sabían lo que es el petróleo y tuvieron contacto directo con el agua, empezaron a enfermarse con laceraciones en la piel", dijo Verónica Grefa, presidenta de la comunidad kichwa Toyuca, que habita en las riberas del río Coca en Napo.  Las autoridades no les advirtieron acerca de la contaminación producto del derrame, de hecho, se dieron cuenta cuando notaron las afectaciones en el cuerpo. 

Así, alrededor de 27.000 kichwas en 105 comunidades fueron perjudicados, sin tener acceso a agua potable y alimentos. “El derrame comenzó el 7 de abril cuando empezábamos a sufrir por la pandemia, como somos de territorio habitamos aislados, pero teníamos la seguridad de que nos podíamos proveer del río, que es nuestra fuente de alimentación. Cuando vino el derrame vivimos una doble pandemia, sin alimentación, ni agua segura”, recordó Grefa a Ecuavisa.com en una entrevista realizada en febrero de este año. 

Estado: el derrame fue por causas naturales    

El pasado 29 de abril, las organizaciones indígenas y de Derechos Humanos presentaron una acción de protección con medidas cautelares que exigían al Gobierno y a las compañías petroleras: remediación socio-ambiental, y reparaciones a los pueblos afectados.

Primera respuesta: la Corte Provincial de Orellana desestimó el caso, argumentando que la vía constitucional, que conoce sobre violaciones de derechos, no era la vía legal adecuada. Sin embargo, apelaron.   

Cinco meses después, el pasado 23 de marzo, la Corte negó la apelación ratificando el fallo de la primera instancia.  Para Natalia Greene, vicepresidenta del Comité Ecuatoriano para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (Cedenma) y organización que participó como Amicus Curiae en el caso, la decisión muesta que "se le da impunidad a la industria petrolera, vuelven a decir que este es un desastre que se produjo por la naturaleza y no reconocen que hubo una  violación de derechos". Lo que queda: agotar las instancias nacionales para poder recurrir a las cortes internacionales, por eso el siguiente paso sería la Corte Constitucional. 

Greene manifiesta que entre las acciones la OCP realizó una limpieza al río "pero solo sacan lo superficial, es decir, el petróleo que se ve en la superficie, el problema es que los metales pesados bajan a los sedimentos de los ríos", y agrega que una limpieza que realmente mitigue la contaminación es costosa, por lo tanto las empresas responsables no lo han hecho, "todavía las comunidades no pueden depender del río".

Al consultarle sobre el rol que tuvo el Ministerio de Ambiente, Greene es clara: "el accionar del ministerio ha sido completamente con las empresas, son amigos de las empresas extractivas, no busca que se repare a la naturaleza". Este medio se contactó con la institución, para conocer sobre las acciones que se han llevado a cabo, además, de entregar agua y kits alimenticios, pero hasta el cierre de este reportaje no hubo respuesta.

Por su parte, Grefa manifestó que el Ministerio de Salud envió al territorio personal médico para atender a los afectados, "mi mamá también tuvo laceraciones en las manos, y le dijeron que vaya a un dermatólogo, entonces para qué mandan una brigada médica", cuestionó.

El derrame pudo evitarse

Las organizaciones aseguran que el Estado y las empresas tuvieron 65 días para tomar acciones y evitar el desastre. En febrero de 2020, tras el desplome de la cascada de "San Rafael", ubicada entre las provincias de Napo y Sucumbíos, tanto la comunidad científica como expertos alertaron lo que podía ocurrir por el avance de la erosión “fueron suficientemente alertados de que la creciente erosión en las orillas de los ríos podría causar una ruptura en los oleoductos”, reza un comunicado de Amazon Frontlines.

Desde 1972 la ruta de los oleoductos SOTE y OCP ha tenido 72 derrames, los últimos, superiores a 10.000 mil barriles, según expone la sentencia del caso.

A través de una solicitud de información realizada por este medio a la Fiscalía General del Estado, se conoció que desde 2014 hasta febrero de 2021 han recibido 392 denuncias por delitos contra el agua, más del 30% de ellas han sido archivadas, mientras que solo dos han tenido sentencia condenatoria. Los delitos contra el suelo, el aire, el agua, la flora están tipificados en el Código Integral Penal (COIP) y se castigan con pena de libertad de entre tres a cinco años.

"Nos sorprende profundamente que los jueces no reconozcan que un derrame de al menos 15.800 barriles de crudo puede causar afectaciones a derechos constitucionales como el agua, la salud, entre otros y que no se hayan pronunciado sobre los derechos de la naturaleza", María Espinosa, abogada del caso de Amazon Frontlines, tras conocer la sentencia.