Ambientalistas sostienen que el Gobierno puede proteger los sistemas hídricos de Ecuador sin necesidad de consulta popular

Para el Gobierno Nacional era importante que los ciudadanos se pronuncien en la próxima consulta popular sobre temas relacionados al medio ambiente.

Las dos últimas preguntas del plebiscito del 5 de febrero tienen que ver con el agua y con pagos por servicios ambientales.

Según el régimen, la séptima interrogante es la que goza de mayor aprobación ciudadana. Cuenta con un 82 % de intención de voto por el 'Si', de acuerdo a las cifras que maneja el mismo Gobierno.

Sin embargo, para ambientalistas, Ecuador cuenta con las leyes suficientes para proteger, por ejemplo, los sistemas hídricos.

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¿Está usted de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas?

La respuesta parecería obvia.

Xavier Salgado, líder de la organización Medio Ambiente Sustentable, sostiene que el Estado puede hacer "muchas acciones sustentables y sostenibles, sin llegar a hacer la consulta en esa pregunta".

"Tenemos una autoridad nacional ambiental, que es quien regula, controla y supervisa las acciones de municipios, prefecturas y empresas privadas", acotó.

Con él coincide Giovanni Ginatta, secretario técnico del Fondo de Agua de Guayaquil (Fondagua), quien considera que "hay elementos suficientes en la ley para poder actuar".

Un área de protección hídrica es una zona delimitada donde hay fuentes de agua que se consideran como "de interés público" para su mantenimiento, conservación y protección.

Actualmente Ecuador cuenta con 11 zonas de protección hídricas, pero ninguna forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).

La consulta popular busca cambiar esto, según Isabel Tamariz, directora de la Zona 5 del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica.

"Mientras no formen parte del SNAP, otras entidades, e incluso esta Cartera de Estado, no tienen cómo brindar esa alerta de que esa es una zona de alta importancia hídrica. Entonces, al momento en que esto ya es incorporado, esa alerta ya va a saltar", asevera la funcionaria.

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¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado, por su apoyo a la generación de servicios ambientales?