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Siete meses de gobierno y al presidente Daniel Noboa se le abre un nuevo contratiempo, a propósito de los intereses empresariales de su familia. La adjudicación de un contrato de 154 millones de dólares para alimentación escolar derivó en aclaraciones, desmentidos y acusaciones a la prensa por la cobertura de este hecho.
La razón: Agroindustrias San Esteban, cuyos principales accionistas son Isabel Noboa Pontón, tía directa del Primer Mandatario, así como otros familiares, es a su vez accionista de El Ordeño, empresa que es parte mayoritaria del Consorcio Corpabi, que ganó la subasta inversa, adjudicándose así el servicio de alimentación en tres zonas para los próximos dos años.
En un claro error de comunicación corporativa, El Ordeño emitió dos boletines de prensa –el primero fue borrado de sus redes sociales-, para asegurar que el peso accionario de los Noboa es tan pequeño que no impedía a Corpabi participar en este contrato. En teoría, este representa al 0,13 por ciento.
Pero la Ley de Contratación Pública señala que los familiares de un presidente de la República o de cualquier otro funcionario, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, no pueden ser contratistas del Estado. Y en el reglamento de aplicación se detalla que esta norma rige cuando el peso accionario sea superior al 50 por ciento.
El debate jurídico se mantendrá por varios días, mientras se aclara la verdadera incidencia de la familia Noboa en esta contratación. Sin embargo, queda latente un argumento ético que el Presidente no puede soslayar bajo ninguna consideración. Es decir, la influencia que los intereses económicos de su familia, una de las más poderosas del país, pueden llegar a tener en las decisiones de un gobierno que pretende reelegirse para gobernar el Ecuador hasta 2029. Si este es el propósito, es preferible que Noboa aleje todos estos negocios de la contratación estatal, por más porcentajes minoritarios que se argumenten.
El debate sobre lo público es demasiado frágil y desgastante como para que Noboa arriesgue su imagen y popularidad.
Lo que ocurrió semanas atrás con el proyecto inmobiliario en Olón (Santa Elena), cuya principal impulsora esa la primera dama, Lavinia Valbonesi, ya los golpeó, sobre todo, en la conversación digital que fue negativa, razón por la cual se dio marcha atrás con la iniciativa. Ese error les habrá dejado varias lecciones por aprender.
Cuantas empresas, medianas y pequeñas, que necesitan florecer, pueden ganar estos contratos y dar fuentes de empleo.
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