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Lo más seguro es que el Gobierno no envíe nuevas preguntas a la Corte Constitucional y que el cuestionario final se nutra con las preguntas aprobadas y aquellas que pasan una segunda revisión.
En este punto, todo es ganancia para el presidente Daniel Noboa, pues lo urgente es que los ecuatorianos vayan a las urnas y, aprovechando su buena popularidad, que el cuestionario que salga impreso en la papeleta refrende simbólicamente su agenda en seguridad, inversión y productividad.
De allí que si a las preguntas que elevan las condenas por terrorismo y crimen organizado, así como la que prohíbe en adelante que las penas se cumplan por fuera de las cárceles, entre otras, se suman la de la extradición de ecuatorianos, la reforma laboral y el reconocimiento de la figura del arbitraje internacional, Carondelet se dará por bien servido.
Ha sido tan vertiginoso este mes de enero, que los dos cuestionarios que envió el Ejecutivo a la Corte Constitucional representaban dos momentos distintos de la política ecuatoriana. Las primeras 11 preguntas interpretaban a un Gobierno que iba relajando en el inicio de 2024 sin interés de hacer olas.
El segundo paquete de nueve interrogantes, en cambio, expresó ya la necesidad de consensuar más los temas, dadas las críticas de la opinión pública y del anticorreísmo, e ir hacia reformas de mayor calado (extradición y Código del Trabajo).
Pero todo ello se volvió relativo el 9 de enero cuando Noboa decidió la declaratoria de guerra contra el terrorismo, tras la fuga de Fito y el asalto a TC Televisión.
En el fondo, comenta el secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, en estas semanas el Régimen ha acumulado un buen margen de maniobra, pues su agenda de seguridad “generó un ambiente de unidad nacional” que le permite trabajar con varios instrumentos a la vez: la solvencia de las fuerzas militares; la iniciativa parlamentaria donde Noboa tiene mucho menos desgaste que el resto de los bloques parlamentario; y, la consulta popular con las preguntas que finalmente se autoricen.
La verdadera urgencia, entonces, radica en que el Gobierno logre un nivel de persuasión efectivo para que la Asamblea logre subir el IVA en tres puntos. Y para ello, siempre será mejor que las cargas y los costos, en términos políticos, de tomar esa medida se distribuyan entre todas las fuerzas. Si eso no ocurre no se descarta llevar el proyecto tributario a que entre por el ministerio de la ley. Después de ello se pensará en cómo ganar la consulta
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