El camarón que el correísmo pretendió meter a través de sus reformas penales, para ver si se pueden revisar los juicios en contra de sus altos dirigentes, nos lleva a una dramática conclusión: la temeridad e irresponsabilidad del pacto legislativo de noviembre pasado.
Está claro que nunca hubo líneas rojas entre la Revolución Ciudadana, el PSC y el oficialismo, representado en ADN. Y que el devenir de la legislatura se basa en la máxima del “si pasa, pasa”.
Por eso es que es ni nebotistas ni noboístas se tomaron la molestia de frenar las barbaridades que se redactan en la comisión de Justicia copada de correístas y que más bien sea una bancada de oposición la que devele este nuevo intento por garantizar impunidad.
Todo indica que a inicios de noviembre nunca apareció el mínimo prurito por parte del PSC o de ADN de anticipar que el control casi total de esa mesa parlamentaria o de Fiscalización les iba a generar un dolor de cabeza constante.
Fue la alarma de la fiscal Diana Salazar lo que le movió el piso al presidente Noboa, sobre las reformas al COIP, de las cuales él no estaba completamente enterado. Y ahora que sabe lo que se viene, tendrá que pensar en un veto responsable.
Mientras que el PSC solo reacciona cuando el escándalo se hace público y cuando lo único que le queda es proteger su reputación, siguiendo la consigna del “si pasa, pasa”.
Estas polémicas reformas, más las atribuciones inconstitucionales que se tomaron para introducir reformas tributarias, más el desesperado interés por adelantar el juicio contra la Fiscal, obliga a que Noboa y Nebot reperfilen el valor ético de su acuerdo parlamentario con la Revolución Ciudadana, para no tener que recular cada vez que la opinión pública demuestra que la impunidad sí era un tema central de aquellas conversaciones.
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