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La violencia alcanzó sus niveles más altos y desnudó la vulnerabilidad en esa zona.
La violencia alcanzó sus niveles más altos y desnudó la vulnerabilidad en esa zona.
El secuestro y asesinato del equipo periodístico de diario El Comercio fue uno de los hechos que conmocionó al país en 2018, debido al alcance que tuvo a nivel internacional y a la repercusión interna, que derivó en el rapto y muerte de otros dos ciudadanos: Óscar Villacís y Katty Velasco.
El periodista Javier Ortega, el fotográgo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra partieron desde Quito el domingo 25 de marzo de 2018. Su objetivo era llegar a la frontera norte y contar lo que sucedía en ese lugar, a raíz de los hechos violentos registrados en la ciudad de San Lorenzo desde el 27 de enero de este año, con la explosión de un coche bomba en el cuartel policial.
Unos días antes, el martes 20 de marzo, un grupo de marinos sufrió un atentado mientras realizaba un patrullaje en la carretera que conecta a San Lorenzo con el poblado de Mataje. ¿El arma? Un explosivo artesanal colocado a un lado de la carretera. ¿El resultado? Tres de ellos murieron casi instantáneamente, y un último, poco después. Ellos eran Luis Alfredo Mosquera, Jairon Sandoval, Sergio Jordan Cedeño y Wilmer Álvarez.
De acuerdo con la versión de El Comercio, el trabajo de Ortega, Rivas y Segarra formaba parte de una cobertura que investigaba este y otros ataques en comunidades aledañas como El Pan, Alto Tambo, Borbón, entre otros. El medio quiteño aseguró a seis días del secuestro de su equipo, que dicho trabajo se efectuó bajo la consulta de los encargados de seguridad de la zona y que el día que entraron Ortega, Rivas y Segarra a Mataje no fue la excepción.
Los tres ingresaron a esa comunidad a las 9h30 del lunes 26 de marzo, luego de ser revisados por los militares y tras comunicarse por última vez con la redacción de El Comercio. Según relatos de ese diario, en la tarde de ese día no se pudieron comunicar más con ellos y a las 19h30, recibieron informes del personal de Inteligencia del Gobierno hablando de un posible secuestro, hecho que se confirmó antes del mediodía del martes 27.
A partir de esa fecha la conmoción se apoderó de todo un país, que en 188 años de historia republicana no había experimentado un hecho similar con civiles a manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) o en este caso de su disidencia.
Este grupo se separó por diferencias con los altos mandos de las FARC tras el acuerdo de paz firmado con el gobierno colombiano, el 24 de noviembre de 2016. Dos años después, parte de sus exmiembros volvieron a las armas, tienen influencia en territorios tanto de Colombia como de Ecuador, y vínculos fuertes con carteles mexicanos en el negocio del tráfico de cocaína.
En el caso del equipo periodístico asesinado, una de esas disidencias fue señalada como la responsable del secuestro: el Frente Oliver Sinisterra, comandada por Walter Patricio Arízala, alias 'Guacho'.
Al principio, los nombres del periodista, fotógrafo y conductor se mantuvieron en reserva, situación que cambió el domingo 1 de abril, cuando los familiares decidieron exponer sus identidades, en busca de una mayor visibilidad del secuestro. Un día después, la medianoche del lunes 2, medios colombianos divulgaron una prueba de vida de los tres ecuatorianos, quienes pidieron en un video al presidente de la República, Lenín Moreno, llegar a un pacto para su liberación.
Sin embargo, el jueves 12 de abril en Colombia se filtraron tres fotografías que mostraban los cuerpos de tres hombres, a quienes relacionaron con los comunicadores secuestrados por 'Guacho'.
El Servicio de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinó que en 2 de las fotos se observaron prendas de vestir que coincidirían con las de los secuestrados, y aunque el estudio biométrico de una de las imágenes “daba una alta probabilidad” que coincidiera con uno de los tres hombres, se advirtió que el estudio no era concluyente.
Tras esto, Moreno dio un plazo de 12 horas para que 'Guacho' entregara pruebas de vida de supervivencia de los secuestrados. Antes de cumplirse el plazo, el Frente Oliver Sinisterra emitió un comunicado en el que confirmó la muerte del equipo de El Comercio, tras un operativo de rescate fallido por parte de militares de Ecuador y Colombia.
El deceso de Ortega, Rivas y Segarra fue corroborado oficialmente por Moreno a las 12h40 del viernes 13 de abril de 2018, dejando a amigos y colegas devastados. La ubicación de los cadáveres fue confirmada por las autoridades colombianas casi un mes más tarde (21 de junio) y su traslado al país y posterior sepelio, se concretaron el 27 y 29 de junio, respectivamente.
La ciudadanía repitió esa sensación de vulnerabilidad el martes 17 de abril, al saber del secuestro de otros dos ciudadanos.
La angustia de los familiares de Katty Velasco y Óscar Villacís se prolongó hasta el martes 3 de julio, casi dos meses y medio después de la alerta de su rapto. Ese día autoridades colombianas informaron del hallazgo de los cadáveres de un hombre y una mujer en la zona rural de Tumaco, perteneciente al departamento sureño de Nariño, en el límite con Ecuador.
Familiares recibieron cuerpos de pareja asesinada en Quito. Foto: Archivo/API
Luego de ratificar las identidades de Velasco y Villacís, los cuerpos arribaron al país el viernes 6 de julio.
En medio de ambas perdidas, se registró la desaparición del militar Wilson David Ilaquiche, quien fue visto por última vez la noche del 12 de mayo de 2018 en el poblado Tobar Donoso, ubicado en la provincia de Carchi.
De los marinos fallecidos, las familias reclaman que sean declarados héroes nacionales. Mientras que, las muertes del equipo periodístico y de la pareja, fueron llevadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para investigar sus circunstancias y el papel del Gobierno ecuatoriano durante los secuestros. En tanto que, sobre el paradero de Ilaquiche no se sabe nada en siete meses de su desvanecimiento del pueblo Tobar Donoso.
El procurador general del Estado, Íñigo Salvador, pidió a la CIDH levantar medida cautelar en contra del Estado por la gestión en la frontera norte y que el trabajo de la comisión investigadora culmine antes del 31 de diciembre de 2018.
No obstante, el 28 de diciembre el Gobierno de Moreno terminó por prolongar por tres meses más la indagación.
Previo a esta resolución, un hecho que parecía lejos de concretarse ocurrió: el 21 de diciembre, el gobierno colombiano informó que 'Guacho' había sido abatido en la selva y con él, el segundo al mando del Frente Oliver Sinisterra. Ante este hecho, familiares de los comunicadores instaron a las autoridades ecuatorianas a no cerrar el caso y a que esclarezcan las circunstancias en las que murieron las víctimas de los insurgentes.
Hasta el cierre de este especial, las autoridades definían la apertura de una nueva investigación sobre un audio en el que se escucha al presidente Moreno referirse al secuestro del equipo de El Comercio, material que el jefe de Estado decidió desclasificar para su indagación.
Nueve muertes que hicieron tambalear al país en menos de un año, y desnudaron las precariedades de los poblados limítrofes en Esmeraldas, que conviven con la sombra de la guerrilla cada día.
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