José Tuárez: no soy sujeto de fiscalización ni de juicio

La caminata fue más larga que el tiempo de permanencia en la comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. José Carlos Tuárez, presidente del  Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), acudió alrededor de las 11H00 de este 3 de julio de 2019, junto con un grupo de simpatizantes que lo acompañó desde la matriz del organismo que lidera, en respaldo a su gestión.

 

 

Avanzaron hasta los alrededores del palacio Legislativo y desde los exteriores recogían firmas en apoyo a Tuárez y en rechazo a las denuncias de presuntas irregularidades al momento de su inscripción electoral. 

 

 

 

 

Con una carpeta en mano, se ubicó en la comisión legislativa y sin mayores préambulos aclaró el motivo de su presencia. “Debo manifestar que no soy sujeto de fiscalización ni de juicio político, por acciones anteriores a mi posesión, por personas que buscan protagonismo político, realizando denuncias sin sustento, mal intencionadas, sin fundamentos e improcedentes, para lo cual se me ha convocado, por lo cual me permito retirarme”. Su intervención duró unos 15 minutos y salió de la mesa.

 

Se refiere al pedido de juicio político que impulsa el asambleísta Fabricio Villamar, quien afirma que cuenta con más de 35 firmas de respaldo. Dijo que Tuárez sumó una causal a su solicitud, al negarse a entregar información al Parlamento.

 

Raúl Tello, presidenta de la comisión de Participación Ciudadana, aclaró que al ser funcionario es sujeto de fiscalización y control político, y evocó el artículo 131 de la Constitución.

 

José Carlos Tuárez, como funcionario inhabilitado concurre a la comisión de @ParticipacionAN para dar una causal adicional para su juicio político: evita entregar información a la Asamblea.
Arrogante, carente de probidad, echando la culpa al resto.
Y hay quienes lo defienden. pic.twitter.com/W8X0r0Dsqt

— Fabricio Villamar (@fabovillamar) 3 de julio de 2019

 

Previamente, acudió Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien aclaró que la “única inhabilidad” que detectó la comisión verificadora fue ser “afiliados, adherentes o dirigentes de partidos o movimientos políticos, durante los últimos cinco años", pero que tras la impugnación respectiva, el pleno del organismo inscribió su candidatura en noviembre de 2018.