Ecuador a Bolivia: Ochoa y Espín no son perseguidos políticos

El exsuperintendente de Comunicación, Carlos Ochoa; y la exasambleísta Sofía Espín no son perseguidos políticos, aclara el canciller de Ecuador, José Valencia. A través de su cuenta de Twitter, el funcionario señala que informó al ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia que ambos ciudadanos son buscados por jueces, acusados por delitos comunes.

 

 

La noche del 31 de enero de 2019, la ministra del Interior, María Paula Romo, en declaraciones a los medios de comunicación informó que ambos exfuncionarios se encuentran en Bolivia, tramitando asilo político. "Hemos confirmado esta situación y apelamos al sentido de cooperación internacional, para que estas personas sean devueltas al país donde tiene procesos penales". 

Tras este anuncio, se conoció además que Marco Rodríguez, juez de la Corte Nacional de Justicia, notificó a la Policía Internacional (Interpol) que Ochoa enfrenta tres procesos penales: injuria calumniosa y no calumniosa grave y por injuria.

Según documentos de Migración, el exsuperintendente ingresó al aeropuerto de El Alto, en Bolivia, el 20 de enero de 2019.

 

 

Ambos exfuncionarios tienen orden de prisión preventiva. El juez de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, le cambió este 23 de enero de 2019 las medidas cautelares a Espín, por haber incumplido en dos ocasiones la presentación periódica ante la autoridad y la prohibición de salida del país. Ella es invetigada por oferta de tráfico de influencias, dentro del proceso por secuestro a Fernando Balda, motivo por el cual fue destituida de la Asamblea el 13 de noviembre de 2018. 

En el caso de Ochoa, el 24 de enero de 2019 quedó oficialmente procesado por el delito de falsificación y uso doloso de documento falso. El juez Marco Rodríguez ordenó prisión preventiva para el exfuncionario, acogiendo el pedido de la Fiscalía General del Estado.

 

Asimismo, dispuso su ubicación y captura a través de la Interpol. La fiscal general encargada Ruth Palacios lo acusa de haber sancionado a medios de prensa con la Ley de Comunicación adulterada. 

 

De allí que el magistrado también ordenó la enajenación de sus bienes por $86.240, costo de la impresión de los ejemplares presuntamente adulterados.

 

Ochoa se encuentra fuera del país desde el 20 de agosto de 2018, luego de rendir su versión en la Fiscalía.