Hermanos Bravo aseguran que no huirán de la justicia

Los hermanos Carlos y Marco Antonio Bravo, procesados por peculado se reunieron con la prensa por separado para informar que no huirán del país, en caso de que la justicia ordene prisión en su contra.

Ambos son acusados de peculado por contratos en el sector de la Comunicación, en el mismo proceso que se sigue en contra del exsecretario de Comunicación (Secom), Fernando Alvarado, quien se huyó de la justicia el 20 de octubre de 2018. Marco Antonio Bravo, quien reemplazó a Roberto Wohlgemuth en Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom) el 19 de mayo de 2014, aseguró que es inocente y negó que su posición en el Gobierno haya influenciado en favor de su hermano, Carlos.

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“Efectivamente, ustedes pueden pensar y tienen todo el derecho, (que hubo) conflicto de intereses. Pero yo puedo asegurarles, que no tuve ninguna participación y no tuve ninguna injerencia en ningún tipo de contrato”, sostuvo el exfuncionario.

Por su parte, Carlos Bravo, dueño de la productora Gota Azul y quien desde 2007 produjo videos en contra de opositores y periodistas, sostiene que la empresa que el maneja cumplió los contratos a cabalidad y que si existió alguna irregularidad se debe a “un tema interno” de la Secom.

“Los funcionarios deberían explicar por qué se pagó 2 veces un mismo producto”, agregó el también experiodista de Canal Uno, lugar al que renunció en 2005. Agregó que fue el actual secretario Nacional de Comunicación, Andrés Michelena, fue quien pidió que se soliciten los servicios de Gota Azul.

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Ante esta afirmación, Michelena respondió en la Asamblea Nacional que el contrato que firmaron los hermanos Bravo se efectuó en abril de 2014, y su salida de la Secom se produjo un mes después, en mayo. “No tengo absolutamente ningún proceso en ese contrato”, puntualizó.

Se prevé que el miércoles 31 de octubre la jueza Silvia Sánchez deberá pronunciarse sobre la situación de los Bravo, y se sabrá si dicta prisión preventiva en contra de ellos y otros 5 procesados.

La trama de cobros por contratos de comunicación habrían ocasionado al Estado un perjuico económico de $250 mil.