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El titular del organismo llega a Fiscalización con rechazo a documentación presentada.
La Comisión de Fiscalización y Control Político recibirá el miércoles 30 de mayo las pruebas de descargo de Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ) y los ocho vocales de la entidad. La cita se dará en el marco de la sustanciación de la solicitud de juicio político presentada por los asambleístas Esteban Bernal y Raúl Tello, por incumplimiento de funciones.
La sesión está convocada para las 09h00. En la primera parte intervendrán los vocales suplentes del Consejo de la Judicatura, Marco Antonio Maldonado, María América Dávalos, Carlos Teodoro Delgado y Glenda Calva Chávez; después, ejercerán su derecho a la defensa Gustavo Jalkh, presidente, y los miembros principales del organismo, Néstor Arbito, Ana Karina Peralta, Alejandro Subía Sandoval y Rosa Elena Jiménez.
Los funcionarios presentarán ante la Comisión de Fiscalización las pruebas de descargo que consideren pertinentes en torno al presunto incumplimiento de funciones, causal de juicio político solicitado por los asambleístas antes mencionados. Podrán hacerlo en forma oral o escrita, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Avance del proceso
Hasta el momento, la Comisión de Fiscalización ha recibido las pruebas de cargo de los asambleístas Bernal y Tello, quienes reiteraron que la documentación que acompaña la solicitud de juicio político demuestra que hubo incumplimiento de funciones cuando la CJ "nombró a agentes fiscales con puntaje menor, sobre los que obtuvieron mejores resultados, como lo determina el informe de la Contraloría General del Estado".
También recibió como pruebas de oficio los testimonios de los doctores Hernán Ulloa, Pablo Cordero Díaz y Sonia Quezada, en torno a las sanciones impuestas a los operadores judiciales, mediante la aplicación de la figura del error inexcusable, así como las presuntas irregularidades que se habrían presentado en los concursos convocados por el Consejo de la Judicatura.
De la misma forma, el organismo escuchó al exsecretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera Giler, quien dijo haber actuado para defender los intereses del Gobierno como representante administrativo del Estado, y que por ellos no se puede confundir esa participación como una presunta injerencia en la justicia. “El Estado es usuario del sistema Judicial. Parte de mis atribuciones era intervenir en los temas que le interesaban al Ejecutivo, otra cosa es que haya existido injerencia en la justicia”, dijo Mera el lunes 28 de mayo.
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