Este informe con el detalle de contratos ya fue entregado a la Contraloría y Fiscalía.
Salen a la luz nuevas denuncias de millonarios perjuicios en la construcción de complejos judiciales en el país. Miembros del Consejo de la Judicatura revelan que son más de doscientos los contratos analizados relacionados con diseño, construcción y fiscalización de obras.
El periodo en análisis va desde el 2011 hasta el 2013, durante la administración de Paulo Rodríguez como presidente del consejo de la Judicatura.
El actual vocal de la Judicatura, Aquiles Rigaíl y el coordinador general de infraestructura de este organismo, José Cisneros, expusieron los resultados de la investigación y revisión de 214 contratos. En casi todos existirían irregularidades y desembolsos millonarios en obras no justificadas.
Para Cisneros no hubo lógica al contratar, pues, las observaciones se dan en acuerdos de consultoriía, diseño, ejecución y fiscalización de obras, es decir, en todo el proceso.
El complejo judicial del norte de Guayaquil, fue señalado como uno de los que acumula más irregularidades, según revelaron las autoridades estaría funcionando de forma ilegal, porque no tiene ni permiso municipal, ni de habitabilidad, pese a eso se construyó y con un supuesto sobreprecio de más de 17 millones de dólares.
Rigaíl añadió que estas presuntas irregularidades iniciaron hace 7 años cuando en el 2011 se declaró en emergencia a la función judicial.
Este informe con el detalle de los 214 contratos ya fue entregado a la Contraloría y a la Fiscalía General de Estado.
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