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El caso "Vaca, Cajas, Jarrín" convocó a juicio a ocho personas y 69 testigos.
La Corte Nacional de Justicia iniciará el lunes 9 de noviembre el primer juicio en el país por crímenes de lesa humanidad, en el que cinco acusados se sentarán en el banquillo por supuestos delitos cometidos entre 1985 y 1988.
En el llamado caso "Vaca, Cajas, Jarrín", están procesados exmilitares (generales y coroneles) y un general de Policía en servicio pasivo, quienes habrían pertenecido "a la estructura de represión estatal que, en forma sistemática y generalizada, cometió crímenes contra la humanidad", dijo la Fiscalía General del Estado.
Las víctimas son Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín integrantes del grupo "Alfaro Vive Carajo", cuyos derechos humanos fueron violentados entre 1985 y 1988, durante el gobierno del presidente León Febres Cordero, indicó el Ministerio Público.
La audiencia de juicio por delito de lesa humanidad, la primera en la historia judicial del país, será sustanciada por Galo Chiriboga, fiscal General del Estado, desde mañana a las 11h00.
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Para el juicio han sido convocados 69 testigos y se presentarán 11 peritajes y más de 70 documentos.
En este caso se convocó a juicio a ocho personas, de las cuales tres están prófugas (uno de ellos en Estados Unidos) y no se les puede juzgar en ausencia, precisó la fuente.
Las víctimas fueron detenidas el 10 de noviembre de 1985 en Esmeraldas (noroeste) por militares que les pidieron sus identificaciones y, sin orden judicial, llevados al cuartel Batallón Montúfar y después al Batallón de Inteligencia Militar (BIM), ubicado en Conocoto, provincia de Pichincha.
Cajas y Jarrín estuvieron arrestados durante quince días, tiempo en el cual sufrieron torturas físicas, psicológicas y sexuales, antes de ser liberados, según el expediente fiscal.
Luis Vaca continuó plagiado y en situación de desaparición forzada durante tres años e, incluso, eliminaron sus datos de filiación del Registro Civil. Él fue liberado a mediados de 1988.
Los crímenes de lesa humanidad que se indagan en este caso son detención ilegal, violencia sexual, tortura y desaparición forzada.
La Fiscalía General del Estado ha señalado que lleva a juicio el primer caso por delitos contra la humanidad, en cumplimento "de su compromiso jurídico con la sociedad ecuatoriana de investigar y llevar ante los jueces estos hechos sucedidos en Ecuador".
"Judicializar crímenes contra la humanidad es una tarea pendiente en el Ecuador. No significa perseguir políticamente", dijo el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga.
Ecuador "es gobernado bajo un sistema constitucional de justicia y de derechos, entonces es obligación nacional e internacional de la Fiscalía incluir en sus investigaciones las causas de violaciones sistemáticas a los derechos humanos", destacó.
La Fiscalía apunta que no se trata de persecución política porque no acusará penalmente a la institución Fuerzas Armadas. "La Fiscalía investigó y procesará, como resultado de esas indagaciones, a cinco exmilitares, entre generales y coroneles", subrayó.
Recordó que la investigación y judicialización de casos de esta naturaleza también se realizan en otros países de América Latina y el mundo.
Citó a Argentina como referente a nivel regional porque dio el primer paso al llevar a las cortes a los responsables de la desaparición y muerte de más de 30.000 personas entre 1976 y 1981, durante la dictadura militar del general Rafael Videla.
Otra referencia la marcó en el 10 de diciembre de 1998 cuando se dio trámite a la imputación en contra de Augusto Pinochet por crímenes de genocidio y lesa humanidad en Chile.
En Perú, el expresidente Alberto Fujimori fue condenado a 25 años por crímenes contra la humanidad por las muertes, desapariciones y secuestros que se produjeron en los casos Barrios Altos y La Cantuta, añadió.
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