Abogado de Manuela Picq llevará caso a CIDH

Por Mario Naranjo Proaño

 

Ecuavisa.com

 

 

El abogado Juan Pablo Albán no recuerda un caso en el que haya sido tan clara la intromisión del Ejecutivo en la Justicia. Para el defensor de Manuela Picq ahora se tienen "hasta documentos firmados por autoridades" que piden los casos para resolverlos en su despacho.

 

Albán es uno de los defensores de la franco-brasileña, periodista, catedrática y pareja del dirigente indígena Carlos Pérez Guartambel, detenida el pasado 13 de agosto. Tras cinco días de aislamiento, fue liberada por una jueza que dijo no haber encontrado causa para su deportación. Al día siguiente de su aprehensión, su visa fue cancelada.

 

Tres días después, la justicia negó el pedido de Picq de que se anule la cancelación de su visa, mientras elevó a consulta del Ministro del Interior la decisión de expulsarla o no.

 

“Nunca hubo una intromisión tan clara como la que se ha dado en este proceso. Los abogados que hemos defendido Derechos Humanos siempre especulamos que seguramente desde el interno del Consejo de la Judicatura hay llamados a los jueces u órdenes de como proceder”, dijo Albán en entrevista con Ecuavisa.com.

 

“En esta ocasión tenemos una comunicación firmada por el señor Ministro del Interior, firmada por él. Invocando esta condición de Ministro del Interior, increpando a una jueza a no hacer el trabajo y exigiéndole que le envíen un proceso que es judicial para que él lo resuelva”, añadió.

 

Picq y su compañero sentimental Carlos Pérez Guartambel anunciarán el viernes a las 10H00 si permanecen en el país o no, ya que el representante de la Cancillería dijo que es “un acto discrecional” el otorgar o negar visas y que la jueza no puede intervenir en eso.

 

“Ahora, que una autoridad judicial ecuatoriana haya dicho que efectivamente el poder ejecutivo puede actuar discrecionalmente, estamos en un riesgo aún mayor, porque significa que no tiene que dar cuenta de sus actos. Si los jueces no pueden controlar las acciones del poder Ejecutivo, los ciudadanos menos”, comentó.

 

Picq todavía tiene recursos judiciales para pelear en las cortes ecuatorianas, pero la opción de buscar justicia en el exterior está presente. Acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se presenta como una oportunidad viable.

 

“Por la demostración de la falta de independencia de la justicia en el Ecuador en este momento, sobre todo el descarado intento del poder Ejecutivo a través de esta comunicación que mandó el ministro Serrano, exigiéndole a la juez que decidió no deportar a Manuela, que le mande el expediente, ha quedado claro que en el país no queda ninguna perspectiva de que se haga justicia en este caso”, añadió Albán, que fue funcionario de la CIDH por 10 años.

 

“Si ciframos nuestras esperanzas en la actuación de la justicia ecuatoriana, o peor todavía en el poder Ejecutivo ecuatoriano, estamos perdidos”, finalizó.