Miles marchan en México a cuatro meses de desaparición de 43 estudiantes

Al menos 15.000 mexicanos volvieron a salir a las calles de la capital este lunes para apoyar a los infatigables padres de los 43 estudiantes desaparecidos y presumiblemente masacrados en Guerrero (sur), al cumplirse cuatro meses de este crimen que sacudió al país.

 

"Hemos dejado nuestras casas, nuestros hijos, nuestras cosechas, porque somos campesinos humildes. Y estamos aquí sufriendo pero no estamos cansados. Seguiremos luchando porque un hijo nunca se puede olvidar", clamó Epifanio Álvarez, uno de los padres, en el mitin final de la manifestación en la central plaza del Zócalo de Ciudad de México.

 

Vestido con camisa roja y sombrero, Álvarez rompió en llanto al nombrar a Jorge, su hijo desaparecido, seguido del grito "te amo".

 

Otros padres y madres de los 43 jóvenes, que desaparecieron en Iguala (estado de Guerrero) en un ataque a tiros de policías locales coludidos con narcotraficantes, narraron la pesadilla que atraviesan desde la fatídica noche del 26 de septiembre.

 

"Hemos llorado pero no porque nuestros hijos estén muertos. Hemos llorado porque los extrañamos (...) Estoy buscando a mi hijo y lo voy a encontrar", exclamó Carmelita de la Cruz, bajo una gran manta roja con las fotos de los 43 jóvenes y el grito de guerra de los familiares: "¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!".

 

En su discurso, el vocero de los padres, Felipe de la Cruz, cargó contra el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, al que acusa de saber dónde están los jóvenes. También arremetió contra el Ejército mexicano y los partidos políticos, asegurando que no permitirán que se celebren las elecciones a gobernador en el convulsionado estado de Guerrero previstas para junio.

 

"En Guerrero no habrá elecciones (...) No a las elecciones porque ningún partido es la solución al problema de México. Votar es votar por el crimen organizado", lanzó De la Cruz en el mitin, en el que confluyeron miles de personas que marcharon desde la mañana por distintos puntos de la capital.

 

Por su parte, la alcaldía de la capital mexicana informó a la AFP que al menos 15.000 personas participaron de la marcha, entre ellos numerosos profesores venidos de varios estados del país.

 

El crimen de Iguala, uno de los peores de la historia reciente de América Latina, ha sumido a Peña Nieto en la peor crisis de su presidencia (2012-2018) y a la clase política mexicana en un descrédito generalizado. 

 

La acusación contra el entonces alcalde de Iguala José Luis Abarca -uno de los casi 100 detenidos- de ordenar el ataque contra los estudiantes afectó tanto al partido que lo impulsó al cargo, el izquierdista PRD, como al oficialista PRI por no actuar antes contra él pese a que existían denuncias de que estaba vinculado al cártel Guerreros Unidos.

 

 

 

Sospechas contra el Ejército

 

Esta nueva jornada de protestas, que también incluyó marchas en al menos otros cuatro estados, transcurrió sin que se reportaran incidentes pero en medio de un clima de creciente desconfianza de los padres hacia la investigación oficial de este atroz crimen.

 

Cuatro meses después, los padres exigen que se siga buscando a sus hijos con vida y temen que el gobierno quiera echar ya el cierre a un caso que escandalizó a la comunidad internacional.

 

Según la reconstrucción oficial de la fiscalía, los estudiantes fueron entregados por policías de Iguala a sicarios de Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado e incinerado en un apartado basurero de la vecina localidad de Cocula, antes de arrojar sus cenizas en bolsas a un río cercano.

 

Por el momento el laboratorio de Austria que analiza los restos carbonizados ha podido identificar solo a uno de los estudiantes.

 

El secretario (ministro) de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo este lunes que el gobierno cumplió con lo que "se requería para llegar a tener la verdad que todos los mexicanos necesitábamos".

 

Los padres de los jóvenes descreen de la versión de la fiscalía, que consideran oculta la implicación en el crimen de fuerzas de seguridad mexicanas, incluido el Ejército. 

 

Los familiares exigen que se les permita buscar pistas de los jóvenes en cuarteles militares ya que dicen tener testimonios de que el Ejército no auxilió a los estudiantes atacados y que incluso pudo tener algún papel en la presumible masacre, lo cual es negado tajantemente por el gobierno.