En Colombia se busca esclarecer el asesinato de Luis Carlos Galán

La Justicia colombiana dio hoy un paso más para esclarecer el asesinato en 1989 del candidato presidencial Luis Carlos Galán al capturar por tercera vez al general retirado de la Policía Miguel Maza Márquez por su presunta complicidad en el hecho.

 

La Fiscalía dictó hoy una orden de detención preventiva contra el general en retiro, que horas después fue detenido en su casa y trasladado hasta la sede del ente acusador, que ha determinado su reclusión en la Escuela de Carabineros de Bogotá.

 

Galán, favorito para ganar las presidenciales de 1990, fue asesinado a tiros la noche del 18 de agosto de 1989 cuando comenzaba un mitin en la localidad de Soacha, vecina a Bogotá, y Maza Márquez era en la época el director del ahora desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que hacía las funciones de organismo de inteligencia.

 

La detención de Maza Márquez está relacionada también con la muerte en los mismos hechos de Santiago Cuervo Jiménez, uno de los escoltas de Galán, y del concejal de Soacha Julio César Peñalosa Sánchez.

 

El fiscal general, Eduardo Montealegre, explicó que siete factores le llevaron a dictar una nueva captura contra Maza Márquez, quien pudo haber alterado las condiciones de seguridad del político liberal.

 

Montealegre puso en contexto la muerte de Galán en un momento en el que la violencia de los carteles de la droga de Cali y Medellín azotaba sobre todo a políticos y funcionarios colombianos partidarios de la extradición, como era el caso del aspirante presidencial.

 

Además, advirtió de que Maza estaba al tanto de las varias amenazas que había recibido Galán y dijo que no se reforzó su esquema de seguridad ni siquiera cuando 14 días antes se frustró un atentado en su contra en Medellín.

 

Por el contrario, el DAS cambió varios escoltas de Galán en los siguientes días y nombró como jefe a Jacobo Alonso Torregrosa, quien "al parecer estaba vinculado con los grupos delincuenciales que planearon y ejecutaron el homicidio", anotó el fiscal.

 

"Adicionalmente se tuvo en cuenta los estrechos vínculos entre el DAS y su director con el paramilitarismo encargado de la ejecución del homicidio", agregó Montealegre, que también se refirió a "los actos desarrollados por Maza Márquez para desviar el curso de las investigaciones iniciales adelantadas en 1989 por el homicidio, con los cuales el general vinculó a personas ajenas a los hechos".

 

La Fiscalía declaró el caso de Galán, uno de los magnicidios que más indignación ha causado en la historia colombiana, como un crimen de lesa humanidad porque de otra forma habría prescrito prácticamente en la impunidad en 2009 al cumplirse 20 años del mortal atentado.

 

La única condena que hay en firme sobre este caso es la de 24 años de prisión al exsenador Alberto Santofimio como inductor del asesinato.

 

Pero en los últimos meses la Fiscalía ha retomado con vigor la investigación y ya están detenidos y sometidos a la Justicia el excomandante de la Policía de la localidad de Soacha Luis Felipe Montilla y el exjefe de orden público del DAS Manuel Antonio González.

 

El procurador, Alejandro Ordóñez, pidió a la Fiscalía que declare también como crimen de lesa humanidad otros magnicidios como el del exguerrillero del M-19 Carlos Pizarro (1990), el del izquierdista Bernardo Jaramillo Ossa (1990) y el del conservador Álvaro Gómez Hurtado (1995), todos asesinados cuando eran candidatos presidenciales.

 

Mientras Maza ha reivindicado su inocencia a través de su abogado, Iván González Amador, la familia de Galán aplaude una decisión que llega 24 años tarde y después de varios intentos.

 

Maza Márquez, que había sido detenido en otras dos ocasiones, fue por última vez absuelto el año pasado, cuando la Corte Suprema declaró nulo el proceso en su contra y fue derivado a su fuero por pertenecer al DAS, pese a que la justicia ordinaria dejó a salvo las pruebas que lo vinculaban con el caso.

 

"Llevamos 24 años esperando justicia. El DAS, encabezado por Maza Márquez, desestructuró la seguridad de mi padre, desvió la investigación y se encargó de representar los intereses del cartel en el magnicidio", dijo Juan Manuel Galán, senador liberal e hijo del político.

 

El ministro del Interior, Aurelio Iragorri, pidió "que se esclarezcan los hechos de esa dolorosísima muerte que todo el país lloró" y que la Justicia permita que el país supere un pasado de violencia política.