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NICARAGUA.- La cita se realiza con el antecedente de amenaza de aplicar la Carta Democrática. Foto: Archivo
La cita se realiza con el antecedente de amenaza de aplicar la Carta Democrática.
La Organización de Estados Americanos convocó una sesión extraordinaria del Consejo Permanente para el próximo 11 de enero 2019 para "considerar la situación de Nicaragua", después de que su secretario general afirmara días atrás que contempla aplicarle al país la Carta Democrática, un proceso que puede implicar la suspensión.
El presidente del Consejo Permanente, Carlos Calles Castillo, representante de El Salvador, convocó la reunión para el viernes 11 de enero a las 10H00 locales a solicitud del secretario de la OEA, Luis Almagro, que a finales de diciembre dijo: "Nos vemos obligados a empezar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana".
Revise: OEA evalúa aplicar Carta Democrática contra Nicaragua
La Carta Democrática se aplica cuando hay una alteración o una ruptura del orden democrático y puede desembocar en la suspensión de un miembro.
La ola de protestas iniciada el 18 de abril contra una reforma del seguro social derivó en un movimiento para reclamar la renuncia del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y de la vicepresidenta, su esposa Rosario Murillo. La represión a las protestas ha dejado 325 muertos y 400 detenidos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En su artículo 20, la Carta Democrática Interamericana faculta al secretario general o cualquier país miembro a convocar inmediatamente un Consejo Permanente para evaluar la situación.
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Si la Asamblea General, convocada para un período extraordinario de sesiones, constata que se ha producido la ruptura del orden democrático en uno de sus miembros y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, puede decidir su suspensión de la OEA.
Pero para ello es necesario el voto afirmativo de los dos tercios de los integrantes, una mayoría difícil de conseguir.
El caso más reciente de suspensión de un país fue Honduras tras el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009.
En cambio, para Venezuela, la amenaza de suspensión ha recorrido un largo camino, sin haber conseguido la mayoría para concretarla. En medio de la pugna, Caracas lanzó un proceso para retirarse del organismo que debería concluir en abril de 2019.
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