Ecuador recibe $350 millones del Banco Mundial

El Banco Mundial aprobó un préstamo por $350 millones para apoyar los esfuerzos del gobierno de Ecuador en mejorar la equidad, integración y sostenibilidad de los programas de protección social en el país. Se espera beneficiar a más de 228 mil hogares con hijos menores de edad y a personas de la tercera edad que viven en condiciones de extrema pobreza.

El proyecto tiene dos componentes: uno dirigido a mejorar la focalización de programas a través del mejoramiento del mecanismo de selección de beneficiarios y de la provisión de servicios asociados a las transferencias monetarias y otro, proporcionar asistencia técnica para mejorar la efectividad de los programas a través del monitoreo, evaluación y fortalecimiento institucional.

El proyecto tiene como fecha de cierre el 30 de diciembre de 2022.  El préstamo se pagará a un plazo de 30 años, incluyendo 9.5 años de gracia.

Berenice Cordero, Ministra de Inclusión Económica y Social, afirmó que “para mejorar la eficiencia del gasto público, los principales desafíos para los Programas de Protección Social en Ecuador son aumentar la cobertura de la población pobre y mejorar la eficacia de los programas existentes para prevenir y reducir la pobreza y promover el desarrollo del capital humano”.

“A través de este proyecto, Ecuador podría estar entre los primeros países de la región que logre vincular a los beneficiarios de las redes de protección social con los servicios laborales y, de este modo, mejorar su capacidad de obtener mejores ingresos y mayor bienestar”, señaló Alberto Rodríguez, director del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú.  

Las principales actividades del proyecto se enfocarán en el mejoramiento de la cobertura de los programas de protección social en la población más pobre, lo que permitirá alcanzar mayor equidad. Se efectuarán también acciones ligadas a promover la integración entre los servicios de cuidado a la primera infancia y el adulto mayor y las transferencias monetarias que recibe cada hogar en condiciones de pobreza.

Además, se contempla el desarrollo y la implementación de estrategias de salida y transición para los beneficiarios que no cumplen con los criterios de elegibilidad, garantizando el acceso de estas personas a programas productivos y de inclusión laboral, y apoyando así la sostenibilidad de la red de protección social en su conjunto.