Anulan sentencia de juez detenido por soborno

El proyecto de construcción de una central hidroeléctrica en el río Piatúa quedó suspendido hasta que cuente con estudios técnicos y cumpla con todos los parámetros legales.

 

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Ese fue el pronunciamiento del Tribunal de la Corte Provincial de Pastaza, que anuló la sentencia emitida antes por el juez Aurelio Quito, quien había fallado a favor de la constructora y negado las acciones presentadas por la comunidades kichwa del cantón Santa Clara.

 

 

El juez Quito fue detenido esta semana por haber intentado sobornar a uno de los miembros de la Corte de Pastaza.

 

En su resolución, el tribunal también revocó la licencia ambiental del proyecto y anuló el permiso de aprovechamiento de agua del río. 

 

El miembro del Tribunal que tomó la decisión, Jhon Álava, quien denunció al juez Quito por intentar sobornarlo, justificó la nueva sentencia. 

 

“Fue dictada en derecho. El país necesita una hidroeléctrica, pero que se haga respetando a la naturaleza y a las comunidades indígenas, que no se lo haga de manera improvisada o de la forma como nosotros relatamos en nuestra sentencia”, argumentó.  

 

A criterio de Yajaira Curipallo, defensora del Pueblo de pastaza, todavía quedan vacíos en la decisión. “Están mandando a que la empresa arregle todo lo que hizo mal, dejando ahí un vacío no aclarado con respecto a si la empresa volverá. Estamos analizando la acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional”, explicó. 

 

Por su parte, Cristian Aguinda, presidente de la comunidad kichwa de Santa Clara, hizo una advertencia a las autoridades políticas que no acepten la decisión judicial.

 

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“Si insisten en nuevamente meterse con las herencias de sus comunidades, no nos representan como autoridades. Si tienen que ser removidos de sus cargos, serán removidos”, manifestó.  

 

De acuerdo con Andrés Tapia, del Consejo de Gobierno de la Confeniae, la sentencia permitirá también que las comunidades presenten una acusación particular en contra del juez Aurelio Quito.

 

“Este caso no puede quedar en la impunidad. No solo que invalida la sentencia de primera instancia sino que pone en duda toda la actuación de jueces y magistrados en torno a distintas sentencias”, comentó.

 

Además de los festejos por la decisión, las comunidades se declararon en asambleas permanentes para vigilar el cumplimiento de la sentencia.