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Según Íñigo Salvador, hay indicios de un esquema de corrupción que deriva en cohecho.
El procurador general del Estado, Íñigo Salvador Crespo, acudió la mañana de este 4 de septiembre de 2019 hasta la Corte Nacional de Justicia, para reconocer su firma en la acusación particular, por el delito de cohecho, que presentó contra 25 de los 26 procesados por el caso Sobornos 2012-2016, antes conocido como 'Arroz Verde'.
En la lista de exfuncionarios acusados por la Procuraduría, constan los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glas, exministros como Vinicio Alvarado, Walter Solís, María de los Ángeles Duarte, entre otros. Quedó fuera de esta acusación el abogado Francisco Noboa, quien recibió en su cuenta depósitos por el servicio de seguridad civil EVO.
Aunque dentro de este proceso, la Fiscalía investiga, además, asociación ilícita y tráfico de influencias, Íñigo Salvador aclaró por qué solo acusó por solo un delito. "Nos hemos concentrado en el caso de cohecho, porque en ese caso es donde el bien público, el interés del Estado se ve mucho más afectado, y son más claros los indicios. Los otros delitos corresponderá a los otros acusadores particulares demostrar... Cuando haya una sentencia, de ser el caso, y se determine que los responsables deben reparar integralmente el daño causado al Estado, el beneficiario, a través de la Procuraduría, de la reparación integral sea precisamente el Estado ecuatoriano".
Recordó el monto referencial de dicha reparación. "Hemos establecido un monto relativo al daño inmaterial que asciende a $22 millones, y un momento relativo al daño inmaterial que hemos pedido que el Tribunal, en su momento, determine como un porcentaje adicional, de modo que la reparación integral tendrá que ser superior a esos $22 millones".
Tras reconocer su firma en la acusación particular en caso #Sobornos, el procurador Íñigo Salvador indicó que hay un monto relativo al daño inmaterial, que asciende a $22 millones. Asimismo, afirma que hay indicios de que se cometió cohecho. Vía @apifoto pic.twitter.com/hKEhnMaieC
— Ecuavisa Noticias (@EcuavisaInforma) September 4, 2019
"Lo que existe en este momento son presunciones, corresponde a los jueces determinar si existió lo que parece ser un esquema muy bien diseñado de corrupción que involucra a altos funcionarios del poder Ejecutivo y a compañías contratistas del Estado, que a cambio de entregar dineros a estos funcionarios recibían trato preferencial en la concesión de contratos. Esos dinero habrían sido destinados a todo tipo de actividades, desde temas proselitistas de partido de Gobierno hasta recepción de dinero a título personal de esos funcionarios", explicó el funcionario.
Finalmente, manifestó que el aporte de la Procuraduría será el análisis jurídico sobre cómo estos hechos, que se presume han ocurrido y que constan como prueba existente en el expediente de la Fiscalía, constituyen el delito de cohecho.
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