Muchos casos se definieron en despacho presidencial, según documentos.
Miles de correos electrónicos extraídos de las computadoras de la exasesora de Rafael Correa, Pamela Martínez, y de su asistente, Laura Terán, detallan el control del gobierno en todo tipo de casos.
Uno de esos casos tiene que ver con la exministra de Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, procesada en el caso de sobornos de Alianza PAIS.
En marzo de 2014, el entonces contralor Carlos Pólit, que ahora es prófugo, pide reunirse con Correa. Le quiere mostrar lo que ha encontrado en los exámenes sobre la gestión de Duarte y ofrece limpiarlos.
En abril del 2012, Laura Terán recibe un correo con el detalle del avance de varios casos judiciales, entre ellos el que se seguía contra la expresidenta de la UNE, Mery Zamora, acusada por el gobierno de sabotaje y terrorismo por protestar el 30 de septiembre de 2010.
Según Zamora, “Correa lo que hizo es hacer uso de su poder para ejercer tráfico de influencias, eso está penado con una pena de 3 a 5 años”.
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Después de que en 2015 Zamora fuera declarada inocente, este caso llegó a la Corte Constitucional, en la que Pamela Martínez era jueza. Sobre ese trámite ella le informaba a Correa.
“Se echaban la pelotita, cómo Pamela Martínez le entregaba mi caso al señor Gagliardo y él mismo decía que no podía coger esa papa caliente”, manifiesta Zamora.
Otro de los procesos fue el de Fidel Araujo, acusado por el régimen de incitación a la rebelión durante la protesta policial del 30 de septiembre.
En las comunicaciones se detalla cómo se hacía el seguimiento del caso y el impulso que se le daba ante los jueces .
Araujo cuenta que ya ha presentado, hace 7 meses, una denuncia a 3 fiscales y 12 jueces “porque tienen que reparar en forma integral el daño”.
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Araujo cree que es una oportunidad para depurar la justicia. “Para cortar de raíz estos malos administradores de justicia”, agrega.
Además de estos casos, en los correos se cruza información de juicios , como el de injurias impulsado por Correa contra Kléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa; el de terrorismo contra el dirigente indígena Pepe Acacho; otro de injurias contra el diario El Universo; o el caso de los 10 de Luluncoto, también por terrorismo.
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