Ratifican prisión preventiva para Glas en caso Singue

Luego de más de una hora de audiencia, un Tribunal penal le ratificó este 22 de mayo de 2019 la prisión preventiva al exvicepresidente de la República, Jorge Glas, dentro del proceso por peculado en el campo petrolero Singue.

Los jueces Marco Maldonado, Daniella Camacho y David Jacho, integrantes del Tribunal, reiteraron lo dispuesto por el magistrado Iván Saquicela, el 13 de marzo de 2019, en la audiencia de formulación de cargos, es decir prisión preventiva para Glas y para el exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli, ambos recluidos en el centro de rehabilitación social regional de Cotopaxi, en Latacunga, por delitos relacionados con la trama de sobornos de Odebrecht.

AHORA Tribunal de @CorteNacional desechó recurso de apelación presentado por la defensa de Jorge G. y ratificó la prisión preventiva dictada en su contra. Él, junto con 9 procesados más, habrían participado en el delito de peculado, por la irregular adjudicación del pozo Singue. pic.twitter.com/uxVPi455tA

— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) 22 de mayo de 2019

En el caso por peculado en el bloque Singue también son procesados el exministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pástor; y otras siete personas. Para ellos, el juez dispuso medidas sustitutivas como prohibición de salir del país y presentación periódica ante la autoridad.

Así también solicitó que se emita la prohibición de enajenar bienes para todos ellos por más de $28 millones. 

La Fiscalía inició en agosto de 2017 una indagación previa a los contratos petroleros en la Amazonía ecuatoriana, entre el Estado y el consorcio DGC, tras recibir un informe de la Contraloría General del Estado, que señala indicios de responsabilidad penal en dicha contratación. En su momento, se habló de más de 20 exfuncionarios y particulares involucrados.

La Contraloría emitió el oficio a la Fiscalía el 1 de agosto de 2017, junto con un informe general de 64 páginas (lo puede descargar al final de este artículo). En el examen especial, realizado entre el 1 de enero de 2011 y el 30 de septiembre de 2016, se determina supuestos indicios de responsabilidad penal en la contratación y ejecución de la exploración y explotación de hidrocarburos en el bloque Singue.

Dicha contratación se realizó en mayo de 2012 entre el Estado ecuatoriano y el consorcio DGC, integrado por dos compañías petroleras.   

La etapa de instrucción fiscal terminará a mediados de junio de 2019, luego de la cual la fiscal Diana Salazar decidirá si acusa y pide llamar a juicio a los implicados.