Suspenden audiencia contra 4 procesados en caso Secom

La jueza Sylvia Sánchez suspendió la tarde de este miércoles 20 de febrero de 2019 la audiencia preparatoria de juicio en contra de Fernando Alvarado, Carlos Bravo, Patricio Pacheco y Pablo Yánez por presunto peculado en contratos de la Secretaría de Comunicación (Secom).

 

La diligencia se reinstalará el próximo miércoles a las 09H00. Allí la jueza resolverá sobre los vicios de procedimiento y la revocatoria de prisión pedida por el procesado Patricio Pacheco, único detenido dentro del caso Secom. 

 

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Antes de instalarse la audiencia preparatoria de juicio de este miércoles, la jueza Sánchez comenzó a resolver la solicitud de Pacheco para que se revoque la orden de prisión preventiva. 

 

La diligencia de este miércoles se había instalado en la Corte Nacional de Justicia con la presencia de la fiscal general encargada Ruth Palacios.

 

La Fiscalía tenía previsto presentar elementos de convicción que, según el Ministerio Público, demostrarían participación de los procesados en el delito de peculado.

 

El 17 de enero de 2019, el Tribunal de Garantías Penales de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) resolvió los recursos de apelación de 2 procesados en el caso de supuesto peculado relacionado con la Secretaría de Comunicación en el Gobierno anterior.

 

En cuanto a Carlos Bravo, el Tribunal acogió el pedido de la defensa y le impuso presentación diaria y prohibición de salida del país. En cuanto a Patricio Pacheco, se le negó el recurso de apelación de prisión preventiva.

 

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El martes 15 de enero de 2019, la jueza Sánchez revocó las medidas cautelares en contra de 5 procesados y ordenó la excarcelación.

 

Dentro del caso de peculado o mal uso de recursos públicos por el que estaban vinculados 7 exfuncionarios de la Secretaría Nacional de Comunicación, también se investiga al exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado (prófugo de la justicia desde octubre de 2018), y a su exsubsecretario y mano derecha, Pablo Yánez.

 

La instrucción fiscal terminó el 30 de noviembre de 2018. Este caso empezó por un informe de Contraloría que determinó un perjuicio para el Estado de alrededor de 250 mil dólares en contratos de la Secretaría de Comunicación. Específicamente por consultorías para los enlaces sabatinos y por el doble pago por un mismo video.