Según presidente de comisión legislativa, se busca mismas "garantías" para la experiencia.
Un nuevo punto en el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación genera debate. Jorge Corozo, presidente de la Comisión de Derechos Colectivos (mesa encargada de este trámite), se refirió al análisis del artículo 42 de la normativa, que aborda la profesionalización de quienes ejercen este rol.
Para el funcionario, este es un tema que debe ser revisado. "En la ley debe estar claro que, tanto quienes tengan un título profesional como aquellos que tengan la experiencia suficiente para ser contratados, tengan las mismas garantías. Lo que estamos garantizando es el derecho a que todas aquellas personas que no tengan un título profesional, pero que tengan la experiencia y la capacidad, y sea avalada por una institución del Estado, como la Senescyt, puedan ejercer el derecho al trabajo en el tema de la comunicación".
Según Corozo, "la comunicación hoy es libre... y eso nos permite a todos poder ser en este momento periodistas si así lo queremos".
Para la asambleísta Marcela Holguín, vicepresidenta de la misma comisión, hay que defender la profesionalización y rechaza también lo expresado por Corozo.
El artículo 42 garantiza la profesionalización, más allá de lo que se diga. Y yo la defenderé! https://t.co/R6JUip6zSQ
— Marcela Holguín (@marcelaholguin) 29 de noviembre de 2018
Estas declaraciones también provocaron el rechazo de varios profesionales de la comunicación en redes sociales, quienes señalan que eliminar este requisito sería un retroceso.
En junio de 2018, se planteó revisar la remuneración que perciben los comunicadores. Esto también generó controversia entre los profesionales de esta rama.
El requisito de título profesional para los comunicadores entró en vigencia, junto con la Ley, es decir desde junio de 2013. Además, se fijó un salario básico para el periodista, que actualmente bordea los $930,10 (se actualiza anualmente).
El Gobierno de Lenín Moreno envió a mediados de 2018 un paquete de reformas a la LOC, en el que los temas principales han sido la eliminación de la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom), así como la figura de censura previa.
El proyecto de reformas se continuará tramitando hasta el próximo año, luego de que se concediera 30 días más de plazo para la entrega del informe que el pleno de la Asamblea deberá revisar en segundo debate.
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