Organizaciones pidieron que la norma regule firmemente la concentración de frecuencias.
La restitución de derechos, la eliminación del linchamiento mediático y de la Superintendencia de Comunicación fueron los temas más abordados este jueves 27 de septiembre de 2018 durante la segunda jornada del primer debate de las reformas a la Ley de Comunicación que tramita la Asamblea Nacional.
Durante más de 5 horas, los legisladores analizaron el proyecto de ley e hicieron observaciones, según el portal del Parlamento.
Por ejemplo, la asambleísta Norma Vallejo dijo que es necesario que se fijen mecanismo de protección a los periodistas para que se reduzcan los riesgos en su labor. La legisladora planteó que la persona afectada por una afirmación falsa pueda acudir a la Defensoría del Pueblo para que pida medidas de restitución de derechos ante la autoridad competente.
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Otros pidieron analizar las consecuencias de eliminar el ámbito del control administrativo y el ejercicio del derecho de réplica y rectificación. A criterio del asambleísta Esteban Merlo, “eliminar el concepto de servicio público en la comunicación, se convierte en un trofeo que establece términos imprecisos”.
Vicente Taiano opinó que ubicar a la comunicación como un servicio público constituyó un atropello a la norma internacional. El parlamentario solicitó especificar cómo se daría la reparación y cuáles serían sus límites.
La sesión de este jueves estuvo matizada también por la presencia, en comisión general de representantes de organizaciones vinculadas a la comunicación. La crítica principal fue a la concentración de frecuencias de ciertos grupos económicos; piden que en la ley eso se regule firmemente.
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Con todas las observaciones plateadas, la Comisión de Derechos Colectivos deberá presentar el informe para segundo y definitivo debate.
El debate, en opinión de Pabel Muñoz, tiene que centrarse en cómo democratizar los medios y la comunicación “respondiendo al interés de la ciudadanía y no de las grandes empresas”.
“Hay que evitar la concentración de medios y los oligopolios. La asignación de frecuencias tiene que darse por la vía de concursos públicos transparentes", destacó el asambleísta Elio Peña.
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