Ratificada destitución de los 9 jueces constitucionales

Con la abstención del consejero Xavier Zavala, el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio ratificó este 31 de agosto de 2018 la cesación anticipada de las funciones de los nueve jueces de la Corte Constitucional, efectuada en la sesión del 23 de agosto de 2018. Esto, tras rechazar el recurso de revisión presentado por los magistrados.

Así, Roxana Silva, Pamela Martínez, Víctor Francisco Butiñá, Wendy Molina, Tatiana Ordeñana, Marien Segura, Ruth Seni, Manuel Viteri y Alfredo Ruiz quedaron cesados definitivamente como jueces constitucionales. Entre otras cosas, el organismo transitorio señaló que los magistrados presentaron un recurso de revisión no justificado, en donde "reprodujeron los argumentos que constan en su informe de gestión... presentaron el recurso con el afán de entorpecer el proceso de evaluación".

Al quedar destituidos de sus cargos, el Consejo aprobó otra resolución en la que, entre otras cosas, estableció plazos y responsabilidades. Así, dispuso "el inicio del proceso de selección de los nuevos magistrados de la Corte Constitucional, dentro de los 60 días, contados dentro de la expedición del mandato de este Consejo".

Asimismo, determinó que mientras se designe a los titular de la entidad, "todas las acciones, demandas, peticiones y demás solicitudes que deba conocer la magistratura, deberán ser receptadas o remitidas, según corresponda, sin obstáculo alguno para que, posesionados los nuevos magistrados, las conozcan y resuelvan. Para el cumplimiento de esta disposición, los funcionarios administrativos de la Corte Constitucional seguirán ejerciendo sus funciones regularmente durante el periodo de vacancia".

Dentro de 20 días, contados a partir de la resolución, el secretario general y el secretario técnico jurisdiccional de la Corte deberán remitir un "informe detallado del número de causas pendientes de admisión, revisión, selección, sustanciación y resolución".

Finalmente, solicitarán al contralor "iniciar las acciones de control gubernamental que correspondan, a fin de que se determinen, de ser el caso, las responsabilidades y los indicios previstos en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado".

Hasta ahora, no ha habido pronunciamiento de los jueces destituidos.