Jueza acepta medidas cautelares y da plazo a Cancillería para elaborar plan migratorio.
Luego de varias horas de audiencia, la jueza Judith Naranjo aceptó este 24 de agosto de 2018, el pedido de medidas cautelares, interpuestas por la Defensoría del Pueblo, sobre el requisito de pedir pasaporte a los ciudadanos venezolanos que ingresen a Ecuador. Es decir, dejó sin efecto la exigencia de este documento.
Urgente Con la presencia de los proponentes #GinaBenavides, Defensora del Pueblo, y Ernesto Pazmiño @DefensaPublicaE, jueza ACEPTA pedido de “medidas cautelares” propuestas por @DEFENSORIAEC ante la exigencia del Estado ecuatoriano de pedir pasaporte a personas venezolanas #DDHH pic.twitter.com/4Cxy5sevCd
— DefensoríadelPueblo (@DEFENSORIAEC) 24 de agosto de 2018
Según la magistrada, el Acuerdo Ministerial, mediante el cual se implementó este requisito, no garantizaba el pleno derecho de poder ingresar al país, al exigir el pasaporte.
En su dictamen, la jueza le otorgó 45 días al Ministerio de Relaciones Exteriores, específicamente a la Subsecretaría de Movilidad Humana, para elaborar un plan integral que apunte a regular el flujo migratorio.
Por su parte el viceministro de Movilidad Humana, Santiago Chávez, expresó que existe "decepción por parte de las entidades del Estado que fueron demandadas" sobre la decisión judicial y aseveró que este organismo realiza los esfuerzos posibles para "mantener una migración ordenada".
URGENTE: #CasoMovilidadVenezolanos, Santiago Chávez, Viceministro de Movilidad Humana, dijo que se va a respetar lo dispuesto por la juez pero no la compartimos,.. estamos haciendo todo lo necesario para mantener una Migración controlada segura y responsable.... pic.twitter.com/ZEKSVqpLsN
— ENRIQUE ALCIVAR (@enindefension) 24 de agosto de 2018
Previo a la instalación de la diligencia, que se desarrolló en la Unidad judicial tercera de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, en Quito, los titulares de las defensorías del Pueblo y Pública argumentaron que pedir este documento vulnera los derechos humanos de los migrantes de ese país.
En los exteriores de la unidad judicial, un grupo de ciudadanos defendía los derechos de los migrantes.
Tras conocer de la disposición gubernalmental, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que instaba al Régimen a revisar esta decisión. Dos días después, el Ejecutivo emitió un acuerdo ministerial en el que exceptuaba de la presentación del pasaporte a niños y adolescentes que estén acompañados por sus padres o tutores que sí porten el documento.
El argumento del Gobierno de Ecuador fue que la cédula venezolana no contaba con las garantías de seguridad necesarias para su identificación, pues la mayoría luce deteriorada.
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