Linchamiento se eliminaría de Ley de Comunicación

La Comisión de Derechos Colectivos que tramita las reformas a la Ley de Comunicación decidió que sus debates para la aprobación de artículos sean reservados. 

 

 

 

 

El presidente de la mesa explica por qué en donde se tratan temas de libertad de expresión las decisiones se toman y se tomarán a puerta cerrada.

 

 

 

“Estamos garantizando que no se vaya a tomar en mal algunos artículos que efectivamente se consideran nudos críticos. Tenemos que debatirlos a la interna con los señores asambleístas”, indicó Jorge Corozo, presidente de la Comisión de Derechos Colectivos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Y así, de manera reservada, se aprobó que en su informe al Pleno la Comisión proponga la eliminación del linchamiento mediático. 

 

 

 

 

 

 

“Se favorecían algunos funcionarios públicos para tratar de coartar las investigaciones ciertos periodistas que efectivamente fueron perseguidos bajo esta norma del linchamiento mediático”, explicó Jeannine Cruz, asambleísta de CREO.

 

 

 

“Yo sí estoy a favor de que se mantenga el linchamiento mediático, pero no en la figura en la que está estrictamente señalada en la actual Ley Orgánica de Comunicación”, señaló Marcela Holguín, asambleísta de la bancada correísta.

 

 

 

 

 

 

Lo que sí es público en la Comisión son las comparecencias. Este miércoles 25 de julio de 2018 acudió el relator especial para la libertad de expresión de la CIDH y expuso las observaciones del organismo. Por ejemplo, sobre la responsabilidad ulterior del periodista.

 

 

 

 

“Proporcionalidad en cualquier tipo de sanción para que cualquier eventual sanción no termine teniendo un efecto inhibitorio y afecte en forma desproporcionada a los medios de comunicación”, explicó Édison Lanza, relator para la libertad de expresión de la CIDH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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También llegó con el documento con el que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respondió al Gobierno sobre su consulta de si la comunicación es un derecho o un servicio público, como lo decidió, a través de una enmienda constitucional, la anterior Asamblea.

 

 

“No puede ser considera un servicio público y los medios de comunicación tampoco pueden ser considerados prestadores de servicio público porque eso evidentemente, como ya sucedió, permitiría que el Estado o una autoridad que nombre el presidente o quien fuera, determine cómo se presta ese servicio”, manifestó Lanza. 

 

 

 

La Comisión pedirá una ampliación de plazo para presentar su informe para primer debate. Hasta ahora se han revisado 27 artículos.