Jueza fijó que Rafael Correa se presente el 2 de julio en la Corte Nacional de Justicia.
Que el expresidente de la República, Rafael Correa, no acuda a la diligencia, fijada para el próximo 2 de julio, tras ser vinculado al proceso por asociación ilícita y secuestro al exasambleísta Fernando Balda , fue el pedido público de los militantes de la Revolución Ciudadana. "Ante las evidentes acciones judiciales de persecución política, hacemos una solicitud expresa y pública al compañero Rafael Correa, para que no asista a la audiencia, convocada por la jueza Daniella Camacho, en las medidas cautelares", señaló la asambleísta Gabriela Rivadeneira, en rueda de prensa este 28 de julio de 2018. Asimismo, rechazó la validez de lo actuado por el fiscal general encargado Paúl Pérez, respecto de este caso. "Comprobamos que existe una desinstitucionalización del Estado. Las autoridades designadas por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, también son transitorias; por lo tanto, carecen de legitimidad para que sus acciones garanticen el estado de derechos". "El fiscal encargado, al igual que las autoridades designadas, no han cumplido con el artículo 120 numeral 11 de la Constitución; al no haberse posicionado formalmente carece de legitimidad para dar cause a un debido proceso", añadió Rivadeneira, quien además se refirió al testimonio del exagente de Inteligencia, Raúl Chicaiza.
La jueza resolvió el 18 de junio de 2018 que el expresidente Correa deberá
presentarse cada 15 días ante la Corte Nacional de Justicia , con sede en Quito. Aunque la
Fiscalía inicialmente había solicitado la colocación de dispositivo electrónico, la magistrada no acogió
ese
pedido. Camacho también dictó medidas de protección a favor de Balda.
Entre los elementos de convicción, presentados por la Fiscalía, consta el informe de la Contraloría General
del
Estado, que señala que existen dos cheques, uno de $10.000 y otro de $11.280 emitidos desde la cuenta de la
Dirección Nacional de Inteligencia (DGI), en agosto de 2012.
También están las cartas enviadas por los procesados Raúl Chicaiza y Diana Falcón, al expresidente, oficios
de la
Secretaría Nacional de Inteligencia, de la Presidencia de la República y del Consejo Nacional Electoral.
Además
de las versiones del exsecretario de Inteligencia Rommy Vallejo, de Homero Arellano, exministro coordinador
de
Seguridad de esa época y la ampliación de la versión de Fausto Tamayo, exdirector General de Inteligencia
de la
Policía Nacional.
La instrucción fiscal de este caso concluirá el próximo 18 de julio.
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