Varios cambios plantea reforma a Ley de Comunicación

El secretario de Comunicación del Gobierno, Andrés Michelena, entregó a la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, el proyecto de reformas a la Ley de Comunicación que el próximo 25 de junio de 2018 cumplirá cinco años de vigencia.  

 

 

El proyecto, de 80 artículos, cuatro disposiciones generales y seis transitorias, que propone el  presidente Lenín Moreno pretende dar un giro a una de las leyes más polémicas del correísmo.

 

 

“Esta propuesta de reforma busca dejar atrás un sistema administrativo de sanción y control y pasar hacia un sistema de perfeccionamiento de los espacios de defensa y protección de los derechos humanos”, indicó Andrés Michelena.

 

 

 

 

Entre los principales cambios están: la eliminación de la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), cuyos derechos y obligaciones asumirá la Defensoría del Pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEA: Papel de Defensoría del Pueblo ante eventual eliminación de Supercom genera discrepancias

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La Defensoría del Pueblo, en la propuesta de reforma a la ley, tiene un plazo de 180 días para establecer un plan de fortalecimiento si fuera necesario con el único objetivo de proteger los derechos de los ciudadanos”, explicó el funcionario. 

 

 

 

Se crea un artículo específico para la autorregulación de los medios con base en la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación.  

 

 

En ese marco, se derogarán varios artículos para eliminar: 

     

- linchamiento mediático   

- el Consejo Consultivo para el Cordicom 

- el defensor de las audiencias 

- las medidas administrativas respecto a la difusión de contenidos discriminatorios

 

 

Pero Michelena aclaró también que se mantendrán varios artículos de la ley impulsada por el Gobierno anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEA: Reforma a Ley de Comunicación elimina figura de linchamiento mediático

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La protección a niños, niñas y adolescentes; el fomento intercultural y plurinacional; la protección de las comunicaciones personales; los derechos de los comunicadores, como la cláusula de conciencia, la reserva de la fuente, el derecho profesional y los derechos laborales de los trabajadores de la comunicación”, señaló Michelena.

 

 

 

El Gobierno, además, propone la sustitución del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información (Cordicom) por otro similar, en donde tendrán participación las universidades. 

 

 

Finalmente, en una de las disposiciones transitorias establece la venta definitiva de las acciones de los medios de comunicación incautados en el Gobierno anterior.