Organismos de control participan en primer análisis de ley sobre paraísos fiscales

La Comisión de Justicia inició este la tarde del 22 de marzo de 2017 el tratamiento y debate del proyecto de Ley Orgánica para la aplicación de la consulta popular sobre los paraísos fiscales. En este primer análisis comparecieron representantes de la Contraloría General del Estado, del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

En su alocución, Wilson Vallejo, coordinador jurídico de la Contraloría, recordó que el artículo 2 del proyecto determina que los funcionarios que tuvieren bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales, deberán transferirlos en máximo un año, luego de lo cual deberán realizar una nueva declaración patrimonial de bienes, que recogerá la transferencia de los mismos, capitales o inversiones.

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En el artículo 3 de la propuesta, resaltó, habla del rol de la Contraloría General, en el sentido de que esa entidad puede solicitar a la autoridad nominadora, la destitución del funcionario inmerso en la prohibición, esto es, poseer bienes o inversiones en territorios considerados como paraísos fiscales.

Actualmente, la Contraloría no tiene facultades ni competencias para corroborar o determinar la existencia de bienes en el exterior, ya sea en paraísos fiscales o en cualquier otro territorio fuera del Ecuador, que no sea considerado un paraíso fiscal; las actuaciones estarían limitadas a bienes situados en el país. De allí que el funcionario instó a la Comisión a revisar el tema.

En tanto, Ricardo Andrade, coordinador de asesoría jurídica del CNE, afirmó que es imperativo reformar el Código de la Democracia, en lo que se refiere a la inscripción de las candidaturas, además de fijar como requisito obligatorio la declaración juramentada y normar el caso de la Asamblea Nacional  y parlamentarios andinos.

Edwin Jarrín, vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana, explicó, de su lado, que la entidad, de acuerdo con la Ley, tiene a su cargo los concursos de oposición y méritos para designar Defensor del Pueblo, Defensor Público, Fiscal General, Contralor, miembros del Tribunal Contencioso Electoral y del Consejo Nacional Electoral. En este sentido, sería indispensable una reforma a la Ley de Participación para incorporar lo que demandó la consulta, en cuanto a no poseer patrimonio en paraísos fiscales y que estos parámetros regulen las designaciones.