Una de ellas será destinada para indemnizar los daños y perjuicios del detenido.
Por: Julissa Suárez
Ecuavisa.com
Las personas privadas de la libertad podrán suscribir contratos de trabajo y acceder a remuneración y beneficios de ley.
La ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, explicó que para acceder a los empleos se observan ciertas características en el aspirante, como su nivel de peligrosidad y su conducta dentro del centro.
Las labores se desarrollarán dentro de áreas exclusivas de los centros de rehabilitación y según la condena de cada procesado se analizarán las horas que podrá trabajar, que fluctúan entre cuatro u ocho horas.
Los salarios se depositarán en cuentas del Banco Nacional de Fomento, que dividirá el 10% para indemnizar daños y perjuicios que produjo la infracción de cada confinado.
Otro 35% estará destinado a cubrir las necesidades de la familia del detenido, un 25% será para su manutención y el 30% restante alimentará un fondo que será entregado al cumplir la condena, tal y como lo dispone el Código Orgánico Integral Penal.
Treinta personas firmaron los primeros contratos de esta índole en el país, donde existen 25 mil personas en los centros de rehabilitación social.
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