Alta comisionada de DDHH expresa inquietud por Venezuela

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó el miércoles 20 de marzo de 2019 preocupación de que las recientes sanciones que impuso Estados Unidos a la petrolera estatal venezolana puedan agravar la crisis económica y social que afronta Venezuela.

Durante el cuadragésimo periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Bachelet, en la presentación del informe oral sobre Venezuela, expresó su preocupación por el impacto de la crisis en los derechos humanos y la "reducción del espacio democrático" ante la "criminalización" continua de las protestas y la disidencia.

 

La Alta Comisionada de DDHH de la ONU, Michelle Bachelet reconoce que en Venezuela se vulneran los Derechos Humanos. Manifestó su preocupación por la situación en el país y aseguró que las medidas adoptadas por las autoridades no han sido suficientes para resolverla #20mar pic.twitter.com/6BIRGxTorZ

— Sergio Novelli (@SergioNovelli) 20 de marzo de 2019

 

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El pronunciamiento de la expresidenta chilena coincide con una visita de dos semanas a Venezuela de una misión técnica de la organización a partir del 11 de marzo para elaborar un informe que sirva de base para un posible viaje de Bachelet a Caracas. La visita de la misión, para la que Bachelet pidió acceso sin obstáculos y ningún tipo de represalias para los que hablen con los comisionados, ha generado gran expectativa y reacciones favorables entre los activistas, que han advertido que, si las autoridades no le permiten hablar libremente con las víctimas de violaciones a los derechos humanos y con los presos políticos, será una "visita turística".

En su informe Bachelet indicó que el alcance y la gravedad de las crisis en los alimentos, la atención a la salud y los servicios básicos "no han sido plenamente reconocidos por las autoridades", por lo que las medidas que han adoptado han sido "insuficientes".

En medio del complejo contexto, Venezuela enfrentó la semana pasada un apagón nacional de cuatro días, que según la alta comisionada ha “exacerbado” la situación reduciendo aún más el acceso de las personas a los alimentos, el agua y los medicamentos, y ha afectado gravemente a los hospitales.

Por su parte, el presidente Nicolás Maduro, durante un acto de gobierno en Caracas que fue televisado, insistió en que los problemas de abastecimiento de productos básicos en Venezuela son consecuencia de las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados en el mundo, que bloquean los fondos del país que necesita para la importación de alimentos y medicinas.

El gobernante, sin referirse a la declaración de Bachelet, denunció que unos 5.000 millones de dólares "nos tiene secuestrados el gobierno de Donald Trump en el mundo", los cuales eran para traer "los principios activos para fabricar las medicinas en Venezuela y para traer las medicinas para la red hospitalaria, para las farmacias del país".

"Donald Trump, eres tú el responsable de una de las medidas más criminales contra un pueblo del mundo, perseguirles las medicinas, para después venir a decir que están dispuestos a dar ayuda humanitaria. ¡Hipócritas, cínicos, farsantes!", afirmó. "Ni ayuda, ni humanitaria. Tratan de ahorcar y humillar a un pueblo, pero a nosotros no nos humilla ni ahorca nadie", agregó.

El gobernante también anunció el lanzamiento de un plan de producción, distribución e importación de medicamentos para traerlos de Rusia, China, India y Bielorrusia a través de la Organización Mundial de la Salud. El gobierno de Maduro ha alegado que las sanciones que viene aplicando Washington a Venezuela desde 2017 han desatado la profunda crisis económica y social, pero los analistas sostienen que la inflación, la escasez de bienes básicos y la recesión se arrastran desde hace más de cuatro años como consecuencias de las distorsiones generadas por las políticas estatales de controles.

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A principios de año el Departamento del Tesoro estadounidense impuso sanciones a la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), principal generadora de divisas del país, elevando la presión sobre el gobierno de Maduro. La alta comisionada alertó en su informe que estas sanciones recientes podrían contribuir a agravar la crisis económica.

Como muestra del deterioro de las condiciones de vida de la población, Bachelet citó una encuesta reciente que reveló que más de un millón de niños ya no asisten a la escuela, principalmente debido al hecho de que los padres no pueden darles el desayuno, al fracaso de los programas de alimentación de las escuelas y a la falta de transporte público asequible.

Asimismo, refirió que el deterioro del sistema de salud ha generado un impacto muy significativo en la mortalidad y morbilidad materna y en la mortalidad infantil, así como la propagación de enfermedades infecciosas que anteriormente estaban bajo control. La alta comisionada indicó que su oficina documentó numerosas violaciones a los derechos humanos tales como uso excesivo de la fuerza, homicidios, detenciones arbitrarias, malos tratos bajo custodia, torturas e intimidaciones cometidos por las fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales, conocidos como "colectivos", durante la última ola de protestas antigubernamentales que se dio en los dos primeros meses del año.

El diplomático jordano Zeid Ra'ad Al Hussein, antecesor de Bachelet, ya había advertido en sus informes sobre el deterioro de los derechos humanos en Venezuela, lo que desató numerosas críticas de las autoridades venezolanas y de Maduro, quien lo señaló de haber "perdido la cualidad" para opinar sobre el país sudamericano y estar parcializado con la oposición venezolana. Zeid pidió en varias oportunidades al gobierno venezolano que se le permitiera a una comisión del organismo una visita al país, pero nunca se autorizó.