Lafattoria, proveedora de comidas en cárceles, rechaza acusaciones de vinculaciones con el crimen organizado

La empresa proveedora de alimentación en la mayoría de las cárceles del país, Laffatoria S.A, rechazó las acusaciones que están vinculados al crimen organizado, que fueron realizadas por el presidente Daniel Noboa.

"Son 171 millones los que el proveedor de alimentos de las cárceles del país ha acumulado desde 2015. 171 millones que, de comprobarse la vinculación a los actos ilícitos presentados hoy en la denuncia a la Fiscalía, habrían sido destinados a financiar a estas organizaciones criminales", declaró el mandatario en su cuenta de X (antes Twitter).

En un comunicado remitido por la Presidencia de la República, se indica que la querella fue realizada tras conocer secretas por el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) relacionadas a presuntos actos ilícitos de carácter penal que involucrarían a Laffatoria.

Richard Villagrán, presidente de esta empresa, negó tales acusaciones, y dijo que esta petición de investigación tendría la finalidad de evitar que el gobierno le pague un monto que les adeudan desde hace meses.

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" Es errada la información, señor Presidente, que más bien parece una justificación para no pagar los casi 30 millones de dólares que nos debe por servicios de alimentación efectivamente prestados, dentro de lo que ordena la ley", expresó mediante una misiva.

Señaló que la insinuación de corrupción sin evidencia constituiría una difamación, alegando que su empresa ha sido auditada por años, nunca ha sido denunciada penalmente, que jamás ha sido glosada por la Contraloría General del Estado, y que reporta a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), entidad encargada de investigar el delito de lavado de activos.

"Ese estigma contra la empresa ha dejado ya sin alimentos a miles de PPL, y dejará a un millón y medio de niños sin desayuno escolar los próximos meses", indicó Villagrán. Laffatoria también ha obtenido varios contratos con el Ministerio de Educación para las raciones escolares.

En una entrevista con FM Mundo, el representante adujo que en los 12 años que han trabajado en las cárceles ningún trabajador suyo ha sido denunciado penalmente ni le han encontrado que ha ingresado algún objeto ilícito.

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"En los últimos meses han encontrado a policías, a militares ingresando armas, ingresando balas, ingresando droga. Le pregunto si en 12 años han encontrado un camión, un trabajador mío, una denuncia, una foto ¡Nunca!", expresó Villagrán.

Allí dijo que la deuda se divide entre 20 millones por el servicio escolar, y 10 millones por la alimentación de presos, y que esta se ha generado desde noviembre del año pasado. Señaló que han pedido en varias ocasiones una nueva licitación, pero que no han recibido respuesta alguna.