Las redes empresariales creadas por los narcotraficantes en Ecuador para lavar dinero y facilitar el tráfico de drogas, tienen tan débil control de las autoridades que pese a que son conocidos procesos en su contra, estas compañías participan en contratos con el Estado, comercio internacional e incluso se involucran en organizaciones sociales.
er identificado en la controvertida lista de objetivos militares o de los más buscados por el Bloque de Seguridad de Daniel Noboa, no ha impedido que los narcos puedan establecer y mantener activa una red empresarial en Ecuador. Esta realidad sostenida por omisiones, vacíos y fallas de múltiples instituciones del Estado ha convertido al país en un paraíso para los narcoempresarios.
Lejos de ser casos puntuales, esta investigación de ECUAVISA y CONNECTAS ha comprobado un patrón extendido en el país. El equipo elaboró una base de datos con el cruce de información oficial: se identificaron 44 empresas activas*. De estas, 23 tienen como socios a miembros de bandas narcodelictivas, las restantes pertenecen a su círculo familiar. Estas entidades están concentradas principalmente en cuatro provincias, tres de ellas ubicadas en la zona costera, donde la presencia del narcotráfico es más significativa: Guayas, Manabí y Esmeraldas.
Cuatro empresas activas están registradas en la provincia de Manabí, en Manta y Portoviejo.
26 empresas activas tienen su domicilio en la provincia de Guayas, distribuidas en los cantones de Guayaquil, Durán, Salitre, Daule y El Triunfo.
Nueve empresas activas están registradas en Esmeraldas
Una empresa activa está registrada en Imbabura, Ibarra
Estas empresas no solo se utilizan para el lavado de dinero, como lo demostró el narcotraficante Leandro Norero Tigua, conocido como El Patrón, quien a través de su esquema empresarial logró contratos con el Estado antes de su asesinato en 2022.
Las organizaciones criminales también buscan crear pantallas formales para cada una de sus actividades delictivas. Este modus operandi lo reconoce un ex alto funcionario de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), quien pidió mantener su identidad en el anonimato por razones de seguridad: "Buscan que las pantallas (empresas) guarden relación con la cadena logística del propio expendio de la droga".
Este es uno de los tres patrones identificados en el uso de empresas: la creación de compañías relacionadas a la logística del narcotráfico; por ejemplo, invirtiendo en empresas de seguridad para obtener permisos de transporte de armas y legalizar la custodia. En este patrón incursionó Stalin Olivero Vargas, alias El Marino, miembro de la banda Los Lagartos y uno de los más buscados. También hay casos como el de alias Chugo Porto, Enrique Portocarrero Castillo, propietario de una empresa inicialmente dedicada a la comercialización de cosméticos, pero que exportó toneladas de pescado y atún.
Segundo, para el lavado de dinero, incluso mediante contratos con el Estado, como lo hizo la pareja de alias Negro Tulio, miembro de Los Chone Killers, que con una empresa recien creada logró un contrato con el municipio de Durán.
Y tercero, para mantener una fachada social que legitime su imagen ante la ciudadanía. Esta investigación identificó a una asociación en Esmeraldas, dirigida por un miembro de Los Tiguerones y detenido por delincuencia organizada, que realizaba capacitaciones técnicas a jóvenes.
Según Renato Rivera, director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), la principal razón detrás de la sistematización de estos hechos radica en la deficiente coordinación interinstitucional entre entidades clave como la UAFE, el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (Supercías), el Servicio de Rentas Internas (SRI), la Fiscalía y la Policía. Esta investigación solicitó a los titulares de estas instituciones entrevistas por medio de los canales oficiales para conocer cómo se lleva a cabo el intercambio de información en estos casos. Supercías contestó que por una "ajustada agenda" rechazaba la solicitud y el resto no respondió.
Para Jhenny Andrade, experta en prevención de lavado de activos, los gobiernos se han centrado en el eje operativo, dejando de lado la supervisión de los flujos financieros ilegales que se infiltran en el sistema: "Fácilmente vemos cómo compañías se han burlado de los controles de prevención de lavado de activos, porque el mismo ente de control lo ha permitido".
Hay iniciativas recientes, como la Ley sobre prevención de lavado de activos, aprobada por la Asamblea en junio de este año, pero aún en espera de una resolución de la Corte Constitucional, luego de que el presidente Noboa presentara un veto parcial por inconstitucionalidad.
Sin embargo, en los últimos años la supervisión de estas entidades estatales ha sido laxa, a pesar de que esta dinámica criminal no es nueva en Ecuador. En los años 2000, líderes históricos del narcotráfico ecuatoriano como Telmo Castro (+), exmilitar con vínculos al cártel de Sinaloa, Óscar Caranqui (+) y César Montenegro Castillo, alias Don Monti, también se involucraron en el sector empresarial.
En la última década, la UAFE ha identificado 21 casos de lavado de activos presuntamente vinculados al narcotráfico. Una cifra que para los expertos consultados es mínima para combatir las economías ilegales donde realmente se golpea al crimen organizado.
En otros países, como Colombia y México, la vigilancia parte de la generación de análisis económicos y financieros del círculo familiar del sospechoso, subraya Rivera, lo que ha obligado a los criminales a modernizarse y buscar testaferros externos a sus organizaciones. En contraste, el bajo nivel de respuesta de las instituciones ecuatorianas permite que los líderes criminales sigan recurriendo a sus parejas, familiares o a ellos mismos para establecer compañías, tal como lo hicieron los protagonistas de esta investigación.
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Empresas del narco para lavar dinero: contratos con el Estado y más 
Las falencias en los controles han sido una semilla fértil para los grupos criminales, quienes no solo muestran interés en establecer o adquirir empresas. Roberto Santamaría, jefe de policía del distrito Nueva Prosperina en Guayaquil, una de las zonas más violentas de la ciudad, añade otra razón: "El mejor negocio para ellos es ser contratistas del Estado porque es un tema masivo" . Es decir, la contratación pública, con sus grandes cuantías, representa una oportunidad para infiltrarse en la economía legal, mover dinero y obtener ganancias.
El director de la OECO añade que la atracción de los narcos a los contratos con las empresas públicas o con gobiernos locales "se debe a que es más fácil lavar activos y también proporciona cierta legitimidad en el territorio al ser contratista del Estado". Según Sercop, el monto total adjudicado en lo que va del año ya supera los mil millones de dólares.
Y a eso apuntó Alexandra Estrada Aquiño, pareja de Julio Martínez Alcívar, alias Negro Tulio, cabecilla de los Chone Killers. En octubre de 2023, adquirió el 50 % de las acciones de Arkhe Proyectos y Construcciones S.A.S.
Foto de alias Negro Tulio y su pareja Alexandra Estrada, tomada el pasado 1 de junio, quienes presuntamente están implicados en varios delitos de terrorismo en Durán. Fuente: Policía Nacional. Tres meses después de convertirse en una de las propietarias, el 3 de enero de 2024, ella y su pareja fueron acusados de terrorismo. Este hecho aunque no era menor, no representaba un impedimento real para que fuera proveedora del Estado, ya que según la Ley de Contratación Pública, la inhabilitación solo ocurre si se está cumpliendo una condena con una sentencia ejecutoriada. Así fue que, en febrero, Arkhe fue incluida en la lista de proveedores del Sercop.
Captura tomada del Portal web del Sercop. La empresa domiciliada en Durán, uno de los cantones más violentos de Ecuador, donde se mantiene una permanente guerra entre las bandas de Los Chone Killers y Latin Kings por controlar el territorio, fue constituida en junio de 2023 y aseguró su primer contrato en mayo del año siguiente.
El municipio de Durán la eligió para que sea la encargada de la regeneración del parque Cooperativa 28 de agosto, ubicada en la ciudadela El Recreo, uno de los sectores calientes del cantón por la disputa criminal en la zona. La contratación de menor cuantía se cerró por un precio cercano a los 200 mil dólares.
Según Francisco Macio, docente universitario y experto en contratación pública, cuando una empresa gana un contrato poco después de ser constituida, como en este caso, suele ser una señal de alerta, ya que"no tiene experiencia pública". Pese a ello, dice que es común observar como una irregularidad que los términos de referencia se ajusten para requerir experiencia en el sector privado, "para que esa empresa pueda 'cumplir', aún cuando sabemos que es nueva y probablemente la experiencia sea nula para darle un contrato de USD 100.000".
Esto también permitió a Arkhe cumplir con el requisito previo, al presentar experiencia en la rehabilitación de un parque en una urbanización privada.
Una semana después de que el contrato fuera adjudicado, Estrada y Negro Tulio fueron deportados desde Panamá y posteriormente detenidos. La Fiscalía General del Estado los acusa de ser cabecillas de Los Chone Killers y a ella, en concreto, de financiar la compra de armas y explosivos para cometer delitos. Este medio contactó a la defensa de los detenidos para conocer su versión, pero no hubo contestación.
La empresa sigue activa y continúa siendo proveedora del Estado, la compra con respecto al contrato figura como adjudicada. La razón detrás se explica por una debilidad crítica del sistema antilavado ecuatoriano: la falta de intercambio oportuno de información entre instituciones, como advirtieron los expertos consultados para este reportaje.
El policía Santamaría, añade que "no hay un seguimiento efectivo por parte de la Superintendencia de Compañías para vigilar los capitales que ingresan". Desde la institución se asegura que cuando identifica indicios de lavado de activos, notifica a la UAFE y a la Fiscalía. Resaltan que solo tras obtener una sentencia judicial ejecutoriada que confirme la culpabilidad se procede a la disolución o cancelación de la empresa. Este medio solicitó una entrevista con Marco López, la máxima autoridad de Supercias, pero la solicitud fue rechazada "debido a una ajustada agenda".
A tres meses del plazo de entrega, la empresa de la pareja de Negro Tulio, que según la Alcaldía de Durán cumplió con los requisitos, no mostraba señales de trabajo en el parque de la Cooperativa 28 de Agosto, el cual siguía en mal estado para el 25 de junio, lo que fue constatado por este equipo. A su vez, se consultó al municipio sobre este caso, pero no se obtuvo respuesta.
Esta investigación también identificó otros cuatro casos de empresas vinculadas a miembros de bandas que lograron ser contratistas estatales. Stalin Rolando Olivero V., alias El Marino, señalado por el gobierno en abril como parte de la banda Los Lagartos, logró ser dueño de una empresa de seguridad que también provee al Estado.
Captura tomada del Portal web del Sercop En noviembre de 2022, adquirió el 50 % de las acciones de Vigpromax Cia Ltda, una empresa que actualmente está activa y se dedica a ofrecer servicios de seguridad e investigación, así como de guardianía. Según Sercop, está habilitada como contratista del Estado desde 2017, pero bajo el poder de alias El Marino fue que obtuvo un contrato público con la Empresa de Agua Potable, Hidroplayas EP, del cantón Playas, por USD 90 665 en diciembre de 2023.
Para Juan Francisco Díaz, abogado especializado en contratación pública, el origen del problema es que "el único requisito para poder ser contratista con el Estado es tener un Registro Único de Proveedores (RUP)".
Al considerarlo como un checklist, se obtiene fácilmente: no tener deudas de impuestos , estar registrado como contribuyente y, además, no tener inhabilidades como tener una sentencia en su contra. Bajo esos parámetros, alias El Marino mediante su empresa tenía luz verde para ser proveedor del Estado, aunque fue condenado a un año de prisión en 2011 por posesión de armas y en 2018 enfrentó cargos por asesinato, pero fue sobreseído. Actualmente figura en la lista de los más buscados difundida este año por el Gobierno.
Aquello, según el especialista en contratación pública, no justifica la falta de un control preventivo y recurrente, "se ha convertido en un control ex post", es decir, las instituciones reaccionan cuando los problemas ya han ocurrido. El experto, además, cuestiona que en febrero de 2024 se realizó una reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública que, entre otras cosas, otorga a Sercop la facultad de establecer una Unidad Antilavado y coordinar con la UAFE, ante lo cual enfatiza "nos da a entender como si recién ahora se deberían hacer los controles, cuando la obligación de coordinar el trabajo entre las entidades públicas está desde el artículo 226 de la Constitución".
Empresas como la de alias El Marino, al estar involucradas en seguridad, pueden obtener legalmente permisos para transportar armas. El policía Santamaría recuerda el caso de alias JR, exlíder de Las Águilas, declarado muerto el año pasado. El 15 de diciembre de 2022, a pocas horas de ser liberado de la cárcel Regional de Guayaquil, fue detenido por presunto tráfico de armas. Esta vez porque salió de la cárcel acompañado por hombres armados y una caravana de autos blindados. Pero dos meses después fueron sobreseídos porque las armas eran legales y tenían permisos de una empresa de seguridad contratada para custodiar al capo.
El filtro del Sercop no fue el único que alias El Marino pasó sin dificultades; lo mismo ocurrió con los procesos del Ministerio del Interior, responsables de dar el permiso de operación, es decir, verifican tanto a los guardias de seguridad como al equipamiento, incluyendo uniformes. A esta cartera de Estado también se le solicitó entrevista, pero no hubo respuesta.
Por su parte, las Fuerzas Armadas son los encargados de otorgar el permiso de armas. Y, aunque se cruzan datos de los solicitantes con entidades como la Policía y el Consejo de la Judicatura, existe un "vacío legal", dice Mario Bonilla Sánchez, jefe de control de armas para Guayas, Santa Elena y Galápagos. Él explica que "una persona sobre la cual los jueces hayan dictaminado sobreseimiento recupera sus derechos civiles y ciudadanos", lo que implica que esa persona puede obtener acceso a armas así haya tenido antecedentes por tráfico de drogas.
Bonilla también recuerda el caso de alias JR, donde la empresa tenía todos los documentos en regla. Alega que aunque se constata el cumplimiento inicial de requisitos para operar, "una vez que estas personas ofrecen un servicio, eso ya sale fuera de nuestro control", justifica, añadiendo que la compañía fue sancionada con un año de suspensión.
El permiso de porte de arma sigue vigente para Vigpromax Cia Ltda, que lo obtuvo el 30 de noviembre de 2022, cuando alias El Marino aún figuraba como accionista. Recientemente, el 20 de junio de 2024, vendió sus acciones. Esta empresa tiene registradas 76 armas. Bonilla reconoce que la verificación actual no es suficiente: "Deberían quedar bloqueados todas esas personas que tengan antecedentes, aunque hayan sido sobreseídos", propone. Esta investigación contactó a la empresa en mención al igual que a alias El Marino, pero no hubo respuesta.
Captura tomada de video Atacames al Mundo Noticias , evento donde Homero Cabeza fue anfitrión de la Primera Mesa Ganadera Nacional y Feria Agro-Productiva en 2020. Homero Cabeza actual objetivo militar de segundo nivel es un ejemplo de ello. En 2017, las fuerzas de seguridad lo detuvieron. En un operativo llamado Fortaleza 228, la Policía lo detuvo por delincuencia organizada, ya que lo identificaba como uno de los líderes de una supuesta organización que enviaba droga hacia Centroamérica y México. En 2018, la Fiscalía se abstuvo de acusarlo y quedó en libertad.
En noviembre de 2019, se convirtió en el accionista mayoritario de Coletmax S.A., según registra su huella societaria en el portal oficial de Supercías.
Como dueño de la empresa, Homero Cabeza no tardó en llamar nuevamente la atención de las autoridades, esta vez por presunto lavado de activos. Un informe de la UAFE por operaciones inusuales (ROII-2020-0015), que se remonta a diciembre de 2020, identificaba que Cabeza había realizado varios depósitos en efectivo así como su vínculo familiar registrando la adquisición de bienes muebles e inmuebles no acordes a su perfil económico.
La investigación cita que el informe encontró que Coletmax S.A., dedicada principalmente a la ganadería, incumplió con varios aspectos. En 2019, por ejemplo, no bancarizó sus ingresos y carecía de información financiera de cuentas a su nombre, lo cual generó una discrepancia entre los ingresos declarados para el impuesto a la renta y los depósitos por USD 71 000.
En 2021, Coletmax mostró más inconsistencias en sus ingresos, con un aumento del 224 % en su patrimonio. El fiscal David Bermeo T., de la Unidad Antilavado, solicitó el archivo definitivo del proceso contra Cabeza, su hija y su esposa el 20 de octubre de 2023.
Bermeo justificó la decisión basándose en que, aunque Cabeza tiene antecedentes penales, un dictamen abstentivo del fiscal ratificó su inocencia, concluyendo que no se encontraron indicios de ilicitud en las diferencias patrimoniales. Además, el fiscal respondió a este equipo de investigación sobre el caso y aseguró que el peritaje financiero "no evidenció la existencia del delito". Sin embargo, subrayó que si surgieran nuevas evidencias, podría solicitarse la reapertura de la investigación.
Meses antes de ser absuelto por lavado de activos, en enero de 2023, Cabeza fue nuevamente vinculado a una organización criminal. La denuncia provino del Frente Parlamentario Anticorrupción, liderado por Fernando Villavicencio, asesinado el 9 de agosto del año pasado. Según el esquema entregado a la Fiscalía, fue identificado como líder de la banda Los Cabezas, proveedores logísticos de uno de los grupos disidentes de la antigua guerrilla de las Farc, el Frente Oliver Sinisterra.
En abril de 2024, fue catalogado como objetivo militar por el Gobierno de Noboa. Pero, Cabeza no está escondido como se podría esperar. En un video en su cuenta de TikTok, expresó sorpresa por aparecer en la lista, negó vínculos ilícitos y pidió al presidente que lo investigue: "Soy un empresario que trabaja día y noche", insistió.
En una entrevista con este equipo, su abogado Jaime Véliz dijo que su cliente figura en dicha lista por una "persecución política" de grupos locales temerosos, porque creen que Cabeza tiene aspiraciones políticas, lo cual negó su abogado.
Además, explicó que han contactado a la Fiscalía, la cual respondió, según Véliz, que su cliente "no tiene deudas con la justicia". Por su parte, el Ministerio del Interior les recomendó dirigirse al Ministerio de Defensa, que es el encargado de manejar la información sobre objetivos militares. También solicitaron a la Presidencia la eliminación del nombre de su defendido de la lista, pero aún no han recibido respuesta. Afirmó que en las próximas semanas tomarán acciones legales contra quienes han difamado a Cabeza, quien, según él, vive cerca de la comandancia de la Policía.
Llegar a ser un objetivo militar no es fortuito. María Fernanda Noboa, académica y experta en doctrina militar, aclara que el término correcto sería "objetivo de alto valor", que describe a una persona que "ya ha sido identificada, que saben exactamente sus conexiones, dónde lidera y a la estructura a la que responden". Sin embargo, la experta duda que Inteligencia los tenga mapeados realmente.
Mientras que se repite en coro sobre los vacíos legales y la falta de seguimiento en los controles, este panorama se ve agravado aún más por la escasez de sentencias por lavado de activos en Ecuador.
Según un análisis de Renato Rivera, de OECO, tres de cada 10 casos por lavado de activos terminan en sobreseimiento o absolución debido a posibles actos de corrupción o deficiencias que impiden la generación de investigaciones sólidas para obtener condenas. Entre 2020 y 2022, solo una de cada diez personas procesadas recibió una sentencia condenatoria, y ninguna de estas condenas fue por narcotráfico.
Empresas para cubrir la logística del narcotráfico 
Para el exdirectivo de la UAFE, el narcotráfico, a diferencia de la corrupción, opera como "una empresa criminal que busca ser estable en el tiempo". Esta lógica, dice, demuestra que necesitan una pantalla para justificar flujos constantes de dinero; por lo que las empresas que constituyen los capos guardan relación con la cadena logística del propio tráfico de drogas.
La actividad empresarial de Enrique Antonio Portocarrero C., alias Chugo Porto, quien en noviembre de 2022 fue detenido en España, debido a una difusión roja de la INTERPOL (N°18-20347) por el delito de tráfico de cocaína, y actualmente identificado como objetivo militar por el Gobierno de Noboa, cumple con cada eslabón de la cadena criminal.
El 23 de junio de 2021, compró acciones en la empresa Vitefel S.A., ubicada en Bastión Popular, en la ciudad de Guayaquil, cuyo objeto social es la comercialización al por mayor de productos cosméticos.
Con esa empresa que aún continúa activa, alias Chugo Porto se convirtió en un exportador peculiar: en lugar de cosméticos, negociaba toneladas de lomitos de atún y conservas de pescado. Según Import Genius, entre noviembre de 2021 y marzo de 2022, la compañía exportó 80.6 toneladas de estos productos desde Guayaquil a Ipiales, Colombia, en tres envíos. Durante ese mismo período, Vitefel S.A. también exportó el mismo producto haciendo aduana en Tulcán, ciudad ecuatoriana que conecta con Colombia a través del puente internacional de Rumichaca.
La empresa de Portocarrero era una clara bandera roja para el Senae y Supercías, comenta Jhenny Andrade, experta en prevención de lavado de activos, porque "¿qué hace una empresa de maquillaje importando y exportando atún?". Esta investigación buscó la versión de Portocarrero a través de los contactos de correo de sus empresas, pero no hubo respuesta.
Ezequiel Pruna, jefe de la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Aduaneros, explica que cuando se recibe una alerta, esta se envía al director de Investigaciones, quien la asigna según el tipo de delitos. Él destaca que la UAFE no facilita información sin una solicitud previa de la Fiscalía, la cual posteriormente inicia una investigación previa.
Todos los cargamentos enviados por Vitefel S.A. fueron realizados a través de una compañía de transporte de carga pesada. Un sector en el que también incursionó Portocarrero. Trece días antes de comprar Vitefel S.A., adquirió acciones en Transmodesloor S.A., una empresa de la cual aún es dueño, dedicada al transporte de carga pesada domiciliada en Esmeraldas.
"Yo conocí unos cuatro o tres carros de esa empresa. Había la alerta de que estaban metidos en cosas (no lícitas), pero hace rato no los veo", confirmó una fuente que preside un gremio de carga pesada que, por seguridad, pidió el anonimato. Asegura que es difícil controlar quiénes compran acciones en este sector.
Esta investigación ha identificado a tres miembros de bandas delictivas que figuran en la lista de los más buscados por Noboa y actualmente mantienen acciones dentro de empresas activas de transporte de carga pesada. Ellos son: Marco Antonio Pérez U., alias La Burra de Los Fatales; Henri Darwin Gómez A. de Los Tiguerones; y Edgar David Lara Alao de Los Chone Killers.
Esto explica el modus operandi que, según William Aguilar, miembro de la Cámara de Transporte Pesado de Ecuador y presidente de la Cámara de Pichincha, se origina por la debilidad en los controles por parte de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), el Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Superintendencia de Compañías.
Según Aguilar, para contrarrestar esto, ellos han implementado controles internos que no están contemplados en la ley, como la solicitud de antecedentes penales a los interesados en comprar acciones.
De líder social a miembro de Los Tiguerones 
Existe una fachada aún más oscura que opera fuera del alcance de las autoridades. Esta investigación ha identificado a William Joffre Alcívar Quiñonez, quien en abril de este año, el Gobierno de Noboa lo señaló junto a su hijo, alias Negro Willy, como parte de la estructura de Los Tiguerones. Alcívar, actualmente recluido en la cárcel de máxima seguridad La Roca, utilizó su empresa y asociación para lavar su reputación ante la sociedad y así evadir la justicia.
Los Tiguerones es una de las 22 bandas criminales catalogadas como terroristas por el decreto presidencial, tras varios hechos violentos, incluida la incursión armada en TC Televisión, que según la Fiscalía, fue ordenada por alias Negro Willy, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia.
Fragmento de video capturado durante el momento en que hombres armados irrumpieron en TC Televisión en enero de 2024.En Esmeraldas, provincia fronteriza en el norte del país y bastión de Los Tiguerones, el padre del cabecilla, un hombre de 61 años, se presentaba ante la comunidad como empresario, formador, líder social y comprometido con la juventud. A través de la Asociación Técnico del Pacífico Asosercatecinra, la cual legalizó el 21 de septiembre de 2021 en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), capacitaba a jóvenes en soldadura sumergible. La asociación también era conocida como los Ranger del Pacífico.
Foto tomada el 23 de mayo por ECUAVISA y CONNECTAS en el Sector 15 de Marzo, ubicado en el sur de la ciudad de Esmeraldas. Pero, esa era solo una de sus caras; en la otra, también era conocido bajo el alias Papá de Willy. Un año después de registrarse como formador en soldadura, el 17 de octubre de 2022, él y su socio Tito Vidal Caicedo P., quien tiene antecedentes por estupefacientes, homicidio y robo, fueron detenidos en flagrancia por presunta extorsión en una ferretería de Esmeraldas. Alias Papá de Willy vestía una camiseta con el logo de la Asociación en el momento de su detención.
Según el relato de la víctima, que consta en el parte judicial, recibió amenazas de Los Tiguerones por mensajes de WhatsApp, en los que le pedían dinero para no atentar en su contra.
Fragmento de video tomado de Televistazo cuando el padre de Negro Willy fue detenido el 17 de octubre de 2022.El local de la víctima fue baleado, y posteriormente llegó el padre de Negro Willy, quien de acuerdo a lo que detalla el proceso le ordenó que comprara dos volquetas de material de construcción y le entregara USD 2 000 para evitar futuras amenazas.
Cuatro días antes de ser detenido, el 14 de octubre de 2022, Alcivar constituyó la empresa para obras de construcción Ranger del Pacífico Ranpac S.A.S., nombre con el que también se conocía su Asociación. Según los registros de la Supercias continúa activa, aunque no registra movimientos económicos.
En el informe policial, la víctima declaró haber informado a un agente de la Dirección Especializada en Casos de Secuestro y Extorsión (Unase), quien los detuvo en flagrancia.
De acuerdo al testimonio de los agentes registrados en el proceso, William Joffre Alcívar Q., alejado de su imagen de líder social, los amenazó: "No sabe quién soy yo", que es el "papá de la W", y que realizaron una gran equivocación al detenerlo.
En contraste, en la audiencia, tanto él como Caicedo P. se describieron como socios durante más de cinco años en la Asociación Técnico del Pacífico Asosercatecinra. Alias Papá de Willy, dijo que con su asociación había ayudado a más de 1 600 jóvenes abandonados por el Estado.
El exministro del Interior, Juan Zapata, también recuerda este caso y añade que en su periodo se tenía conocimiento de todos los pasos del padre de la W, incluido, los de la Asociación: "Se lo encontró, inclusive, con armas, lastimosamente fue dejado en libertad (...) Lo veníamos siguiendo y por eso se le detuvo (...)". Alcívar Q. y Caicedo P. fueron sobreseídos del caso por extorsión el 10 de marzo de 2023, ante la abstención de acusación de la Fiscalía.
Santiago Tobón, docente e investigador de la Universidad EAFIT en Colombia, conoce de cerca este modus operandi detectado en el vecino país desde los años 90, donde miembros de grupos criminales buscaban legitimarse mediante ONG o asociaciones. Estos grupos ofrecen "servicios de gobierno" en los barrios empobrecidos para ganar lealtad y legitimidad de la ciudadanía, y "sea menos probable que llamen a la Policía".
Es que en Esmeraldas, Los Rangers eran ampliamente conocidos, su vocero principal, el papá de Negro Willy, daba entrevistas a los medios, era invitado a programas radiales, siempre con un discurso de ayuda solidaria a jóvenes.
De hecho, esta investigación entrevistó a uno de los jóvenes que participó en la Asociación. Él mencionó que estuvo involucrado durante tres años aprendiendo soldadura. Al ser consultado sobre el propósito de la asociación, repitió: "Era sacar a jóvenes de ese mundo en el que estaban como un futuro mejor dándonos una profesión".
Para Javier Gutiérrez, sociólogo y director de la ONG Alianza Noruega en Ecuador, el reclutamiento de menores tiene otras dimensiones que no solo responden a métodos tradicionales como el uso de la fuerza o la amenaza. En el caso ecuatoriano, menciona que ya se empieza a observar lo que podría llamarse reclutamiento indirecto. A través, dice, "de ciertas figuras organizacionales como una fundación, una asociación, tratan de lograr legitimidad social", esta estrategia busca tener respaldo para cuando las autoridades intervengan los territorios.
En el círculo cercano de la asociación aparece en varias fotografías junto a alias Papá de Willy, Alex Marcelo Quintero Z., quien según la Contraloría, fue funcionario público como policía municipal de Esmeraldas entre 2019 y 2020.
Quintero también ha estado bajo el radar de la justicia. En 2022 fue procesado por el delito de delincuencia organizada, según la investigación, cumplía el rol de coordinar la logística para el traslado de drogas a diferentes ciudades del país. La audiencia de juzgamiento será en noviembre de este año. Este equipo buscó su versión, pero no hubo respuesta.
El sociólogo señala que detrás de aparentes fines sociales, el objetivo principal siempre es consolidar actividades ilícitas. Esto implica mantener miembros en las organizaciones y asegurar acceso a diferentes esferas de la sociedad para generar confianza y confundir a la población.
En esa misma línea, Rivera, director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), señala que la falta de intercambio de información y la brecha en la respuesta por parte del Estado dificultan que las autoridades identifiquen estos nuevos esquemas y alerten a las instituciones pertinentes. Sobre todo, en casos como este, en el que una empresa podría actuar como intermediaria para la captación de jóvenes.
Así, las debilidades en la supervisión de las instituciones del Estado ecuatoriano abren nuevas posibilidades para el crimen, que está al acecho para aprovecharlas a su favor.
