La violencia en Ecuador migró hacia las zonas con menor resguardo tras la focalización de los estados de excepción
Históricamente, los referentes de violencia se encontraban en Guayaquil, Durán y otras zonas de provincias como El Oro, Esmeraldas o Santo Domingo. Hoy, las organizaciones delictivas se disputan territorios en nuevos espacios y la inseguridad se percibe con mayor intensidad por la población en todo el país.
Fernando Carrión, experto en seguridad, explicó durante una entrevista para Contacto Directo que este fenómeno responde a que la violencia no es estática y que las acciones tomadas por el Gobierno han desencadenado un "efecto cucaracha".
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"En mayo, el Presidente cambió la estrategia y planteó la focalización de estados de excepción", recordó Carrión. Esto significó que las fuerzas del orden concentraron sus esfuerzos en las provincias con mayores índices de violencia, pero también causó la salida de miembros de grupos delictivos a otros espacios menos resguardados.
"Se concentran en unos lugares y en otros espacios se pierde la presencia policial. Eso pasa en Santa Elena o Pichincha", acotó.
Las bandas delincuenciales se toman nuevos territorios
En enero de este año, el presidente Daniel Noboa declaró como estructuras terroristas a 22 organizaciones y, según Carrión, al menos 12 de ellas están en Quito. Las que tiene más peso son Los Lobos, Los Choneros, Los Tiguerones y Latin king.
Ellos han implementado una nueva forma de control: las vacunas, que impactan directamente en la economía, y la violencia extrema. Si bien el número de homicidios ha disminuido ligeramente en Quito, son más violentos. Un ejemplo es la masacre ocurrida el 18 de agosto en Solanda, en el sur de la capital.
A ello se suma la nueva condición de Ecuador, que Carrión asegura pasó de ser un país de exportación de droga, a ser un mercado de consumo. Esto genera la lucha por territorio que incluso llegó a zonas de la Amazonía.
En el caso de Quito, el alcalde Pabel Muñoz ofreció atender la seguridad como un tema prioritario, pero luego sostuvo que no se trataba de una competencia municipal, aunque la Alcaldía cobra anualmente a los ciudadanos una tasa de seguridad, que supera los USD 9 millones en recaudación.
Carrión sostiene que esos recursos deberían destinarse a obra pública, como luminarias, cámaras de videovigilancia, entre otros.
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