Los transportistas del Ecuador denuncian aumento de secuestros y piden más seguridad al Gobierno

Tras haber pasado más de dos meses bajo el estado de excepción y conflicto armado interno declarado en Ecuador contra el crimen organizado, el gremio de transporte de carga pesada denunció un aumento nuevamente de los secuestros a sus afiliados en las carreteras del país y solicitó al Gobierno mayor seguridad para no verse obligados a un eventual paro del sector.

El coordinador nacional de la Confederación de Transporte Pesado del Ecuador (Confetrape), René Gómez, aseguró en una entrevista con EFE que son numerosos los casos de camiones que han sido secuestrados por bandas criminales junto al chófer para después pedir un rescate a la familia.

"Tenemos compañeros desaparecidos que hasta la fecha no aparecen, es un dolor tremendo, terrible para nosotros como dirigentes nacionales", señaló Gómez, cuyo gremio abarca a unos 230 000 transportistas.

Esto se vive con mayor crudeza en la zona costera de Ecuador, donde Gómez advirtió que "las aseguradoras ya no quieren asegurar vehículos por el incremento de los robos y pérdidas que están teniendo".

En este tipo de secuestros, de acuerdo al dirigente gremial, los criminales piden entre 8 000 y 10 000 dólares a las familias de los choferes por su rescate y entre 5 000 y 10 000 por el de los vehículos, "porque es un monto con el que el familiar puede vender algo rápido y así lograr el rescate".

La mayoría termina pagando, "y esto lo que hace es fortalecer a las bandas delictivas porque tienen más recursos", lamentó Gómez.

"Nosotros hacemos un llamado a nuestros compañeros agremiados para que confiemos en la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Gobierno nacional, y que trabajemos de la mano denunciando estos actos delictivos, porque de no ser así, vamos a seguir viviendo en este modo operante y de ser presa fácil de la delincuencia", agregó.

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Miedo de secuestrados a represalias

Según Gómez, la declaración del estado de excepción y "conflicto armado interno" hizo que este tipo de secuestros pasasen de diez a la semana a tres por semana, pero afirmó que en los últimos días ha vuelto a verse un repunte, con ocho en la última semana.

"Y esto empezó a preocuparnos porque las Fuerzas Armadas no pueden perder el control. Primero el Estado debe garantizarnos a nosotros la seguridad para poder brindar el servicio que nosotros hacemos", dijo Gómez, que afirma recibir llamadas en plena madrugada de compañeros que han sido víctimas de estos episodios.

"¿Tú crees que yo puedo dormir a esa hora? Yo me pongo en el lugar del compañero que, de una u otra manera, salió a cumplir su obligación y no va a regresar más a casa. Es una incertidumbre", comentó.

El coordinador de Confetrape consideró que ahora, bajo el estado de excepción, las familias se animan a denunciar más estos secuestros, pues antes "no denunciaban por temor a las represalias de estas bandas delictivas narcodelectivas, porque muchas son financiadas hasta por el narcotráfico".

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Piden dialogar con Gobierno

"Entonces yo creo que nosotros como dirigentes nacionales jugamos un rol muy importante y es sentarnos articular con las autoridades a buscar estrategias que brinden un poco de tranquilidad a nuestro gremio", apuntó Gómez.

En ese sentido, propuso como solución trabajar en una mesa con los Ministerios de Gobierno y de Defensa, así como con la Policía Nacional y Fuerzas Armadas para "poder darles información eficaz y real de los puntos críticos donde están operando estas bandas delictivas y que sean desarticuladas".

"También tratar de operar nosotros en nuestro horario establecido con conocimiento de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional e incrementar un sistema de seguridad, así sea privado, donde nosotros podamos tener una comunicación directa con un control de monitoreo de cámaras", detalló el dirigente gremial.

El coordinador de la Confetrape enfatizó en la disposición del gremio a aceptar la subida del impuesto al valor agregado (IVA) del 12 % al 15 % conforme lo ha dispuesto el presidente Daniel Noboa a partir de abril si eso conlleva una mayor seguridad y el fin de los secuestros, "vacunas" (extorsiones), robos y asesinatos para los transportistas. "La vida de una persona no tiene precio", apostilló.

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Paro nacional, el último recurso

Gómez recordó que precisamente la inseguridad que afecta al sector ya les llevó a un paro nacional durante el Gobierno del expresidente conservador Guillermo Lasso (2021-2023), y que si no lo han hecho hasta ahora con Noboa es porque "se ha preocupado y militarizó (el combate al crimen organizado), pero se necesita mucho más".

"Somos nosotros los que abastecemos, tiendas, supermercados, hospitales, oxígeno, medicinas, la matriz productiva, importaciones, exportaciones...", enumeró Gómez para indicar las afectaciones que conllevaría una nueva huelga del sector.

"Este Gobierno lo respaldamos, incluso apoyamos todas las decisiones para darnos tranquilidad, pero necesitamos sentarnos con los ministros de Estado para tratar específicamente temas de seguridad, para nuestros compañeros transportistas que en ocasiones no pueden regresar a casa", concluyó.

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