Las familias de cuatro menores desaparecidos en Guayaquil impulsan que caso se investigue como desaparición forzada

Con la ayuda del Comité Permanente de DD. HH. de Guayaquil, las familias de los menores desaparecidos presentaron un habeas corpus instructivo para que actúe el Estado ecuatoriano.
Foto de familias de los menores desaparecidos realizando un plantón en la Unidad Judicial Valdivia, sur de Guayaquil.()
21 dic 2024 , 17:26
David Muñoz

Un juez de la Unidad de Familia, Mujer, Niños y Adolescencia fue designado mediante sorteo para tratar el habeas corpus presentado por las familias de los cuatro menores que desaparecieron en el sur de Guayaquil, el cual busca que se reconozca oficialmente el caso como desaparición forzada, una violación de derechos humanos.

La acción constitucional, interpuesta con el patrocinio del Comité Permanente de Derechos Humanos de Guayaquil (CDH-GYE), fue recibida el pasado 19 de diciembre.

En el documento se relata que agentes de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) realizaron disparos al aire y persiguieron a los menores en la avenida 25 de Julio, quienes salían de jugar fútbol de una cancha del sector de la Coviem, el pasado 8 de diciembre.

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Denuncian que golpearon violentamente a Josué e Ismael Arroyo, de 14 y 15 años, Saúl Arboleda, de 15 y Steven Medina de 11 años antes de subirlos al balde de una camioneta.

A las 22:40, los padres recibieron una llamada de un sujeto no identificado señalando que los menores habían sido abandonados en Taura, parroquia del cantón Naranjal de Guayas.

Mediante la garantía constitucional, los familiares piden acceso a partes, informes o bitácoras realizadas por las FF. AA el 8 de diciembre de 2024 entre las 19h30 y las 22:00 en el sector del Mall del Sur y hospital Teodoro Maldonado, como también los partes realizados hasta la medianoche en el sector de Taura.

Además, impulsan que se ordene al Estado ecuatoriano, con sus instituciones de seguridad, realicen en todo el territorio nacional los actos investigativos y se activen los protocolos de búsqueda necesarios para garantizar la localización y/o ubicación de los menores de edad.

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Asimismo, que se ordene que el ECU 911 brinde el apoyo a la Fiscalía General del Estado y la Policía para que se obtengan los videos y grabaciones de las cámaras de seguridad que existen en el cantón de la ciudad de Guayaquil y se permita esclarecer los hechos, así como identíficar a los responsables de la presunta desaparición forzada de los menores de edad.

También desean que se disponga a las autoridades de Guayaquil y todos los cantones de Guayas para que otorguen informes de los vehículos de la municipalidad que son facilitados para realizar operativos de vigilancia y seguridad, y videos y grabaciones de las cámaras de seguridad.

Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, anunció mediante redes sociales que el Municipio brindará su apoyo a la familia, mediante la Dirección de Acción Social y Educación (DASE). También pidió acciones inmediatas para este caso.

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La Fiscalía General del Estado comunicó que investiga el caso como presunto secuestro, en el que estaría vinculado personal militar, y que la indagación está a cargo de la Unidad Especializada en la Investigación del Uso Ilegítimo de la Fuerza en Quito.

Sin embargo, si surgen elementos que sugieran la intervención de agentes estatales en el hecho, el delito podría ser reconfigurado como desaparición forzada.

La desaparición forzada es una violación de derechos humanos constituida por tres elementos: a) la privación de la libertad; b) la intervención directa de agentes y c) la negativa a reconocer la detención o la falta de información sobre la suerte o el paradero de la persona, describe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

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