Penas máximas por violación se dictaron en Zamora Chinchipe, Bolívar y Azuay; las víctimas eran niñas de entre 9 y 13 años
Tres sentencias se dictaron en las provincias de Zamora Chinchipe, Bolívar y Azuay, en contra de tres hombres culpables del delito de violación. La Fiscalía General del Estado detalló cada uno de los casos y resaltó que todas las víctimas eran menores de edad.
Los sujetos recibieron las penas máximas por el delito que está tipificado en el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
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Además, se aplica una circunstancia agravante establecida en el artículo 47, numeral 11, que se refiere a cometer la infracción en perjuicio de niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, mujeres embarazadas o personas con discapacidad.
Un caso de violación en Caluma, Bolívar
Leonel Rafael V. fue sentenciado a 29 años y cuatro meses de prisión por la violación de una niña de 9 años, en Bolívar.
Según la Fiscalía, en abril de 2024, el hombre ingresó a un domicilio cercano al estadio cantonal, donde amenazó con un machete a los niños que se encontraban en el lugar. Durante el ataque, sustrajo pertenencias como una computadora y un cuchillo. Además, agredió sexualmente a una niña de 9 años, quien se encontraba en la vivienda junto a sus hermanos de 15 y tres años.
Los padres llegaron al domicilio justo cuando el agresor huía precipitadamente. De inmediato, emprendieron una persecución y lograron recuperar la computadora portátil que había sido abandonada en una de las calles cercanas.
Las víctimas reconocieron plenamente al agresor, quien fue aprehendido en flagrancia por las autoridades.
Secuestro y violación en Azuay
Humberto Rolando R. secuestró y agredió sexualmente a una adolescente de 13 años. Así lo demostró la Fiscalía General del Estado, con base en 18 elementos probatorios, que fueron suficientes para obtener una sentencia de 29 años y cuatro meses de encarcelamiento.
La noche del 12 de enero de 2024, la joven agredida tuvo una discusión con un familiar y decidió abandonar su domicilio. Caminó hasta llegar al parque Las Candelas, en Cuenca, y mientras se encontraba sentada en una vereda, Humberto Rolando R., de 35 años, se le acercó, ofreció llevarla a una vivienda y brindarle protección.
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La víctima aceptó irse con él, creyendo que era una persona que trabajaba en una casa de acogida y que la ayudaría.
Se trasladaron a pie y llegaron hasta el departamento de Humberto Rolando R., ubicado en la ciudadela Álvarez. Allí, la adolescente recibió alimentos y un colchón para descansar. Horas más tarde, el ahora sentenciado aprovechó que la víctima dormía para agredirla sexualmente.
La noche de la desaparición, los familiares de la adolescente iniciaron su búsqueda y denunciaron el hecho.
Dos días después, agentes de Policía allanaron el departamento y rescataron a la adolescente. En este lugar se encontraba Humberto Rolando R., quien violentó sexualmente a la víctima en varias ocasiones, durante los días que estuvo secuestrada.
Por este delito, además de la privación de libertad, el Tribunal Penal que conoció la causa dispuso el pago de USD 3 000 a la víctima, como medida de reparación integral.
Exdirector de una escuela en Zamora Chinchipe fue sentenciado por violación
Carlos Leodán S. V. fue condenado a 29 y cuatro meses de prisión por el delito de violación. De acuerdo con la teoría presentada por la Fiscalía, las agresiones sexuales fueron cometidas de manera recurrente entre 2015 y 2016 contra una niña de 9 años a la fecha de los hechos.
En su alegato, el Fiscal de la causa indicó al Tribunal que el procesado llamaba a la víctima a su oficina para agredirla sexualmente. Previamente, le proyectaba videos pornográficos.
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Estos hechos ocurrían de dos a tres veces por semana, incluso en presencia de otra niña, prima de la víctima, quien también fue abusada sexualmente por el ahora sentenciado. Las menores contaron que el hombre las amenazaba permanentemente para que no contaran lo que sucedía, amedrentándolas con hacerle daño a sus familiares.
El delito se conoció cuando la víctima tenía 15 años y decidió contarle a la psicóloga del colegio donde estudiaba los abusos que vivió cuando era niña. El personal educativo informó a Fiscalía sobre lo expuesto por la joven.
Además de la pena privativa de la libertad, el Tribunal dispuso que el acusado pague a la agraviada una suma de USD 10 000 dólares como medida de reparación. Asimismo, estableció una multa de 800 salarios básicos unificados.