Los pedidos de protección para funcionarios amenazados superan la capacidad del personal policial
La ola de pedidos de protección y seguridad por amenazas supera la capacidad de respuesta de la Policía Nacional, y esto pese a que las solicitudes de análisis de riesgo bajaron en 2024. En este año han ingresado 1 016 solicitudes de autoridades y funcionarios de estado, en 2023 sumaron 1 473.
Pese a ello, la Policía no tiene guardaespaldas suficientes para atender todas las solicitudes, sin contar con las que se presenten para la campaña electoral. La Dirección Nacional de Protección y Seguridad, DINPRO, de la Policía, calificó 914 solicitudes y proporcionó seguridad, según el análisis de riesgo que se califica en bajo, medio, alto y muy alto.
Así, para un nivel mínimo destina dos agentes para protección y custodia. Para el nivel superior de riesgo, al que acceden pocos funcionarios, destina alrededor de 25 policías. A un promedio de cinco agentes por autoridad, se necesitaría 4 500 uniformados.
Así lo cuenta, Antonio Tricerri, director de DINPRO:
“Pueden ser dos servidores policiales, cuatro servidores policiales, o los policías que tingan que ser, ustedes pueden ser la cápsula de seguridad que tiene el señor Presidente, la señora Fiscal de la Nación, los señores Ministros, todo es de acuerdo al nivel del riesgo y amenazas que tienen”.
La DINPRO tiene 1 643 agentes que protegen a las autoridades de las funciones del estado.
Este año la DINPRO destinó más seguridad a operadores de justicia que han sido amenazados por el crimen organizado a escala nacional: 241 jueces y fiscales y 283 autoridades de elección popular como asambleístas, concejales, consejeros de participación ciudadana, que pasaron los análisis de riesgo.
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Tras el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, y el atentado al alcalde de Durán, Luis Chonillo, en noviembre de 2023, el gobierno anterior firmó el acuerdo ministerial para incorporar a las autoridades seccionales en la lista de protección.
Desde entonces tienen seguridad: 58 alcaldes, 22 gobernadores y 8 prefectos.
Los vehículos, la logística, según el acuerdo ministerial, es responsabilidad de las entidades y autoridades solicitantes de la seguridad.