Inseguridad en Ecuador: ¿Quién paga la factura por la violencia narcocriminal?
Llegado el 2023, el presupuesto para garantizar la seguridad a los ecuatorianos aumentó con respecto al año anterior.
La cifra pasó de USD 3 207 a USD 3 395 millones, de acuerdo a información entregada por el Ministerio de Finanzas. Es decir, un aumento de USD 188 millones, que ante la actual situación de inseguridad no parecería significativo.
Pero hay que recordar que en el histórico, tampoco se ha originado un gran aumento. En 2021, año de transición entre Lenín Moreno y Guillermo Lasso se destinaron USD 3 121 millones. Lo que deja entrever que en estos temas, la factura al Estado, a pesar de la crisis delictiva, no le aumenta considerablemente si comparamos las cifras de los tres últimos años.
Lo grave de esto, es que a pesar de que los montos asignados por Finanzas a al menos 13 instituciones más, entre ellas, Policía Nacional, Ministerio de Defensa, cárceles, Ministerio del Interior, entre otras direcciones y secretarías, no se ha ocupado todo en los periodos en refrencia.
En 2021, del presupuesto total, no se ejecutaron 58 millones de dólares. Para el 2022, el año más violento en Ecuador, cuando la tasa de muertes llegó a 25 por cada 100 mil habitantes, también quedó plata sin ejecutar, alrededor de 192 millones. Y ahora en 2023 no sería la excepción.
Consultamos al ministro de Finanzas, Pablo Arosemena Marriot, sobre esto, y manifestó a través de uno de sus asesores que depende de cada ministerio, secretaría o dirección cumplir con el uso de lo asignado, una consulta que se debe hacer a cada institución para que sean ellos que justifiquen el no uso de los montos que reciben.
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Sin embargo, aunque a escala estatal no es posible evidenciar el alto costo que la narcoviolencia le pasa al país, sobre todo porque aún es evidente la falta de inversión en instituciones como la Policía y el Ejercito, que estarían operando sin armamento adecuado en medio de esta guerra contra los grupo delictivos, en lo social resulta mucho más práctico demostrar el impacto económico frente a esta situación.
El experto en seguridad, Fernando Carrión, empieza diciendo que existe desde el 2018 una contracción en el presupuesto para la seguridad, y que eso generó sin duda el incremento de la violencia, “En esa época teníamos, en 2017, una tasa de 5.8 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, pero ahora, terminamos del 2022 con una tasa de 25.9. En gran parte, yo creo que se debe a la contracción de ese presupuesto”, explica.
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Carrión dice que se invierte menos en seguridad de parte del Estado, mientras añade que tiene estudios que demuestran cómo las empresas del país, y posteriormente la sociedad, son los que pagan la factura de la inseguridad actual que vive Ecuador, y que va en escala.
"Yo diría que la seguridad es el principal problema del Ecuador si tomamos en cuenta por lo menos dos consideraciones; la primera es que no hay encuesta de opinión pública que la ciudadanía no reclame seguridad en primer lugar y con una distancia muy grande frente a otros problemas, y en segundo lugar el impacto económico que esto está produciendo".
Y cuando Fernando Carrión habla de estudios, se refiere a datos que revelan que las empresas afrontan un gasto que va entre un 15 y 25 por ciento de inversión para seguridad, "esto es: seguros, guardianía privada, tecnología, etcétera, y eso se traslada a los consumidores".
Un estudio del año 2007 realizado por las empresas CEDATOS-GALLUP paraThe Seminarium Letter, ya revelaba que de una muestra de 130 empresas de Quito y Guayaquil, al menos el 80 por ciento de ellas usaban el 10 % del gasto en seguridad dentro de su presupuesto total del año. El otro 20 por ciento de empresas pasaban del 10 % y llegaban hasta el 30 %.
En ese mismo análisis también se preguntó ¿Cuánto gasta su empresa al año en seguridad? La respuesta fue que, el 20 por ciento de las empresas encuestadas gastaban más de un millón de dólares al año. Una cifra que en la actualidad supera significativamente ese valor.
Para tener una idea más concreta de los costos que la inseguridad le representa a los negocios de algunas ciudades con altos indices delictivos, consultamos a las Cámaras de Comercio de Guayaquil y Durán.
En Guayaquil, Miguel Ángel González, presidente del gremio mencionó que es importante reconocer que el problema de la inseguridad se presenta dentro de una naturaleza compleja y multifacética, con el potencial de afectar a diversas comunidades, empresarios y ciudadanos, pero explicó que "la medición del impacto podría no ser exhaustiva, dado que este problema social se ve influenciado por una serie de factores profundos y contextuales que cada día cambian".
"En el ámbito comercial, la inseguridad puede suscitar inquietudes respecto a la confianza de los empresarios y ciudadanos, repercutiendo en la toma de decisiones económicas, inversiones y desarrollo empresarial. Asimismo, las empresas podrían enfrentar costos adicionales debido a la necesidad de implementar medidas de seguridad y contar con seguros más comprensivos".
Una de las medidas para enfrentar los actos delictivos alas que más he recurrido el presidente Guillermo Lasso, es decretar estado de excepción, algunos con toque de queda, una decisión que en principio recibió apoyo, pero que posteriormente dejó de ser bien vista por la ciudadania y los gremios empresariales y turísticos.
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En Guayas, Manabí, Esmeraldas, Los Ríos, El Oro y Santa Elena son las provincias donde la normativa más veces se ha usado, allí los ataques armados, asesinatos, extorsiones e incluso atentados con explosivos cada vez son más comunes y notorios, afectando considerablemente la economía de sus habitantes.
Finalmente, las declaratorias de estados de excepción como respuesta a la violencia en las calles y cárceles del país, no han frenado a las bandas criminales que se pelean el territorio por el negocio de la droga, llevándonos al alarmante incremento de los índices de violencia.
En la actualidad, la tasa de crímenes registra 20 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Solo, durante los primeros seis meses de 2023 se contabilizaron 3 568 muertes violentas en el país.
La evolución de la tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes en Ecuador en los últimos 10 años muestra cómo la situación se va saliendo de las manos.
Según la Cámara de Comercio de Guayaquil, estimaciones del Banco Mundial ya mencionan que la inseguridad podría tener un costo de hasta 3,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que para países como el nuestro se entendería en alrededor de USD 4 mil millones en pérdidas.
Por otro, Fernando Carrión dice que no hay que descuidar lo que ocurre con el lavado de recurso económicos en el Ecuador que, asegura, promedia en los USD 3 500 millones, eso, según su cálculos, sería más o menos 3,2 a 3,3 por ciento del PIB. En otras palabras, Carrión dice que la violencia es un problema económico altamente sensible para la población.
"Desgraciadamente en el país aún no se han hecho estudios para determinar los costos económicos reales de la violencia; sin embargo, se puede afirmar que son más importantes de lo que uno se imagina".
Además, otras formas de dimensionar los costos de la inseguridad, explica Fernando Carrión, es lo que pasa con los municipios en varios cantones, "en la última campaña electoral de febrero 5 para las elecciones de alcaldes todos ofrecieron vídeo vigilancia, pero lo que es interesante es que ahora que ya están en el poder, la mayoría de ellos, lo que dicen es que no es una competencia municipal".
Sin embargo, el especialista dice que aún así, en varias ciudades se cobra por una tasa de seguridad, "por ejemplo, en el caso de Quito, la tasa de seguridad le genera al Municipio 8,1 millones de dólares, ¿y quién tiene que pagar eso? Los dueños de los predios".
La iniciativa Ecuador Chequea explicó, luego de una entrevista con el director municipal de Servicios Ciudadanos, Henry Reyes, que el Municipio tiene una proyección con esa tasa para 2023 que asciende a 11 millones de dólares.
Además, el gerente de la Empresa Pública Emseguridad, Jaime Bucheli, informó que con esa recaudación se compraron cámaras para repotenciar el sistema Ecu 911 y para el programa de alarmas comunitarias. Y prevé entregar a la Policía Nacional unas 138 motos multipropósito y unas 50 camionetas doble cabina 4×4.
Así, las prioridades empiezan a cambiar en Ecuador con medidas drásticas que pasan de, por ejemplo, antes solo había que pagar tasas por alumbrado público, recolección de basura, y ahora se incluye, en algunos cantones, video vigilancia. Sin descartar que en cientos de barrios de ciudades ecuatorianas, la organización entre vecinos, ha tenido que incluir la colocación de rejas, guardianía privada y también instalación de cámaras para sentirse más seguros, costos que se suman a los gastos mensuales de las familias que ya tienen que pagar por alimentación, servicios básicos, salud y educación, por solo citar unos cuantos gastos.
Y hay más ejemplos, quienes tienen vehículos han tenido que invertir en laminas de seguridad y otros sistemas antidelincuenciales que les permitan sentirse medianamente seguros cuando circulan por las calles, en algunos casos, esto les ha salvado la vida como ocurrió hace pocos días cuando ladrones dispararon contra una pareja para robarles
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Ecuador en los últimos tres años ha pasado a convertirse en un país en el que el descontrol de los grupos delictivos y fallido poder gubernamental tiene a sus habitantes pagando la factura de una guerra en la que solo son expectantes.
Ahora, cuando Guillermo Lasso está por entregar su mandato, y dar paso entre la opción del correísmo o el joven empresario, heredero de una de las fortunas más grandes del país, que no tienen en sus planes de gobierno propuestas de seguridad que no eran precisamente las más destacadas entre los ocho candidatos en la papeleta del 20 de agosto.
Luisa González y su propuesta de crear dos ministerios para combatir la inseguridad
En el caso de Luisa González, la primera propuesta que aparece en el ámbito de seguridad es la restitución del Ministerio Coordinador de Seguridad y el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. La segunda también se centra en el ámbito burocrático y es la reestructuración de los ministerios del Interior y Gobierno para depurar las filas de las fuerzas de seguridad.
El correísmo plantea tolerancia cero con el uso excesivo de la fuerza, la represión legítima de la protesta y el terrorismo de Estado; sin embargo, por otro lado, plantea actualizar sueldos y salarios de la Policía, nuevamente, sin señalar de dónde vendrán los recursos.
Frente a la crisis carcelaria, González asegura que retomará el control de los centros de rehabilitación, sin más detalles. También asegura que los programas permitan la reinserción social para su reintegración.
Reformar el sistema judicial y policial serían los primeros pasos de Noboa
Para Daniel Noboa, en su plan electoral, también se pone un fuerte énfasis en la recuperación de la seguridad ciudadana. En cuanto a las medidas que implementaría en esta área, Noboa propone una reforma del sistema judicial y policial.
En relación a las prisiones, plantea una inversión en la infraestructura carcelaria, aunque nuevamente omite el monto exacto. Por otra parte, sugiere regular la prisión preventiva en Ecuador y promover la consolidación y fortalecimiento de las penas alternativas para delitos no violentos.
En este sentido, también ha mencionado una medida concreta: "Tener cárceles en barcazas que se ubiquen a 80 millas mar adentro para alojar a los delincuentes más peligrosos", según afirmó durante una entrevista en el programa de Ecuavisa.
Sin embargo, expertos en derechos humanos y seguridad han cuestionado esta propuesta, ya que podría incurrir en incumplimiento de los acuerdos que tiene el Ecuador con las Naciones Unidas.
Noboa se ha manifestado a favor de la idea de militarizar las fronteras y los puertos. En sus planes también figura la creación de una agencia central de inteligencia con colaboración internacional para identificar las áreas de mayor riesgo.
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