Una iniciativa para proteger el trabajo de los uniformados en su lucha en el conflicto armado interno

En la última Consulta Popular y Referendo 2024, los ecuatorianos le dijeron SÍ a que las Fuerzas Armadas apoyen, de forma complementaria, a la Policía Nacional para combatir al crimen organizado. De los 13,6 millones de ecuatorianos que fueron convocados a sufragar, el pasado 21 de abril, un 72,26% aceptó esa propuesta, lo cual refleja que la seguridad es una prioridad para la gente y su mayor exigencia al Gobierno Nacional.

Sin embargo, este cambio podría tomar varios meses y requiere una reestructuración al interior de las FF.AA. El calendario electoral señala que los resultados oficiales se conocerán el 5 de junio próximo. Desde esa fecha, se implementará la reforma que requiere modificar parcialmente el artículo 158 de la Constitución de República (ver abajo) para que los militares salgan a las calles.

Ante ese escenario y plazos, un grupo de abogados penalistas y especialistas en derechos humanos plantea que se implemente un marco jurídico que garantice el trabajo de los militares al momento de combatir a las mafias organizadas. El abogado y coronel en servicio pasivo Patricio Acosta lidera esta iniciativa. El objetivo es que los uniformados no sean perseguidos, a futuro, por otros gobiernos como ocurrió con el de Rafael Correa, quien dio luz verde a la creación de la Comisión de la Verdad para indagar y judicializar los abusos perpetrados por las fuerzas del orden en el periodo de 1984 a 2008.

Esa investigación incorporó más de 600 testimonios de víctimas o sus familiares, así como documentos desclasificados de los archivos del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional. En total se contabilizó 118 casos de violaciones a los derechos humanos que afectaron a 440 ecuatorianos y 16 extranjeros. Las estadísticas fueron presentadas en un informe, de cinco tomos y un resumen ejecutivo, el cual señala que de las 456 víctimas, el 84% fue hombre y 16% mujeres. El 68% de los casos sucedió entre 1984 y 1988, durante la gestión del exmandatario León Febres Cordero, y el 32% restante ocurrió entre 1989 y 2008.

Se identificó a 459 personas, de las cuales “el 49,6% corresponde a oficiales activos y pasivos de la Policía Nacional; el 28,3% a miembros activos y pasivos de las tres Fuerzas Armadas; el 10% a autoridades de gobierno; el 5,4% a funcionarios judiciales; y el 5,9% a autoridades o agentes de estados extranjeros”. Las violaciones se dieron en centros policiales y militares, así como en dependencias públicas y lugares clandestinos. La tortura, la privación arbitraria de la libertad, la violencia sexual, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas fueron los delitos que se cometieron en mayor cantidad, según el reporte.

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Para Acosta, lo único que se hizo con el informe de la Comisión de la Verdad fue perseguir injustamente a los militares y policías que desarticularon a los grupos guerrilleros de Alfaro Vive Carajo, Sol Rojo y Montoneras Patria Libre en los años 80. A su criterio, el objetivo era político y acorralar a Febres Cordero, pero como falleció, en diciembre de 2008, se fueron en contra de los militares que actuaron contra los subversivos.

Por eso, ahora que en el país se vive un conflicto armado interno y triunfó el SÍ en la última consulta popular en cuanto al apoyo militar en la seguridad interna, se requiere garantías jurídicas para los efectivos de FF.AA. y Policía Nacional. "Por más que el presidente Daniel Noboa diga que apoya a las fuerzas del orden y otorgará indultos, esa no es la solución". Recuerda el caso del policía Santiago Olmedo, quien sufrió con su familia por años hasta que lo declaren inocente y eso ocurrió solamente porque hubo una fuerte presión social.

Considera primordial que en Ecuador se aplique lo de Chile en donde el Parlamento aprobó la Ley Naín Retamal que aumenta el poder de la Policía por la crisis de inseguridad. Así, se otorga a los carabineros un mayor margen para la legítima defensa y aumenta las penas para quienes los ataquen.

"En ese país se entendió que la autoridad está por encima del delincuente y delito", precisó Acosta. A su juicio, la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza, vigente desde agosto de 2022 en Ecuador, no es efectiva. "Con esta toca decirle al delincuente, ay señor, espere un ratito, no me dispare todavía, ya voy a sacar también mi arma para ver quien dispara primero. No es así, ellos no respetan a nada".

Su objetivo será presentar una normativa idéntica a la Naín Retamal en la Asamblea, porque solo así se garantizará el procedimiento de militares y policías. Además, porque considera que en Ecuador hace falta legislación que regule los actos y hechos que puedan darse como parte del conflicto armado interno.

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Alfonso Camacho es presidente de la Asociación de Generales de Servicio Pasivo de la Policía Nacional. Afirma que sí se requiere normativa que garantice jurídicamente el accionar de las fuerzas del orden. “Siempre, nuestros compañeros trabajan apegados a los derechos humanos (...) Con la iniciativa nos sentiremos respaldados para ejercer nuestras actividades con profesionalismo”.

Con la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza -acota el alto oficial retirado- se regula cualquier exceso que se pueda dar en el marco de las operaciones. “Por ejemplo, nuestros compañeros fueron recibidos a tiros cuando se capturó a Colón Pico hace pocos días. ¿Qué pasó allí? Tenemos que responder de alguna manera y esa es la protección que necesita nuestro personal. No solo nosotros poner el pecho a las balas de los delincuentes. Ya es hora que los legisladores piensen en la Policía que da protección a la ciudadanía”.

De su parte, Rodrigo Jarrín, presidente de la Asociación de Generales en Servicio Pasivo de las FF.AA., reitera que hubo persecución a los militares que lucharon contra los grupos insurgentes en la década del 80. Por eso, es fundamental proteger su trabajo en medio de la declaratoria de conflicto armado interno. Con la creación de las cortes especializadas de militares y policías se sigue el mandato constitucional de la misma Consulta Popular -explica el oficial retirado- y para que estas funcionen se requiere una ley.

"Queremos que las FF.AA. sean protegidas y eso implica que no permitiremos que nuestro personal cometa faltas por fuera de la ley. Tienen que saber hasta donde llega la protección y que esta va en defensa de los derechos humanos", manifestó a Ecuavisa.com.

Asimismo, la capacitación y entrenamientos son fundamentales, pero estas actividades se las ha realizado con mucha antelación. Antes de las votaciones, el comandante del Ejército, Fernando Adatty, aseguró a Ecuavisa que las FF.AA. habían actualizado el año pasado sus procedimientos y entrenamientos. "Se estableció que la defensa no se refería únicamente al ámbito externo. Fuerzas Armadas está entrando en el ámbito interno", mencionó el jefe militar, quien además reconoce que "hay capacidades que deben ser fortalecidas".

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El uniformado explicó que los agentes del sistema de inteligencia han sido instruidos para actuar entre la ciudadanía, y que se encargó al Grupo Especial de Operaciones (GEO) la lucha contra el terrorismo.

Para los activistas y defensores de los derechos humanos sería muy perjudicial la aplicación de una ley similar a la chilena Naín Retamal. La razón: "habría más abusos de poder como los que se están registrando en la actualidad. En los estados de excepción, el Gobierno les da mucho poder a las fuerzas del orden, y con una norma como esa habría mayor impunidad", expresó Emilia Vela, del equipo jurídico de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh).

Cita el caso que se reportó en Guayaquil, el pasado 2 de febrero. Carlos Vega Ipanaqué, de 19 años, viajaba con su primo, Eduardo Velasco Ipanaqué, en un automóvil para vender un perro. Al llegar a la avenida Francisco Robles y calle 38, se encontraron con un operativo de tres militares.

Eduardo indicó que, tras hablar con los uniformados, estos les pidieron retroceder su auto y chocaron a un patrullero. Luego de esto escucharon los disparos. En este incidente murió su primo y él resultó herido.

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El capitán de navío Carlos Salvador, vocero de las Fuerzas Armadas, señaló que los miembros de la Armada estaban junto a otros soldados en un operativo de control de drogas y armas. Al llegar, Velasco increpó a los militares. Al retroceder, el carro aplastó el pie del efectivo militar. Después de chocar al patrullero, huyó y al tener vidrios polarizados, se hicieron dos disparos a los neumáticos.

Velasco dijo que él y su primo fueron acusados de terroristas sin que la autoridad tuviera pruebas. Las Fuerzas Armadas hablaron de un estado excepción, del uso progresivo de la fuerza cuando el auto se convirtió en un arma.

Vela opina que en este caso hay impunidad porque los soldados actuaron de forma inadecuada y no siguieron el uso progresivo de la fuerza. "Eso no puede pasar solo una vez, sino en varias ocasiones".

A Clara Merino, presidenta del Comité Nacional de Víctimas, le parece preocupante que se busque proponer una normativa que busque dar inmunidad a los soldados y policías. Esa sería una garantía -acota la activista- para que se puedan cometer cualquier tipo de abusos o delitos contra las personas que luchan socialmente por conseguir condiciones de vida más justas.

A su criterio, solo el hecho de que se haya declarado un conflicto armado interno ya es muy grave. Implica la aplicación de leyes de seguridad que dan inicio para que se cometan graves abusos con absoluta libertad y que afectan a la gente.

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"Ya se han dado casos de falta de justicia. La impunidad es permisividad en los delitos de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos contra los movimientos sociales que buscan conseguir derechos para la población ecuatoriana".

Recuerda que, incluso tras la publicación del informe de la Comisión de la Verdad, no hubo justicia en la mayoría de casos y sería un retroceso que en Ecuador haya una ley como la Naín Retamal. "Un solo caso se ha judicializado, los demás no han avanzado".

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