Las Fuerzas Armadas niegan usar armamento letal contra manifestantes antimineros en Palo Quemado

El gobierno asevera que los policías y militares que están en la parroquia Palo Quemado de la provincia de Cotopaxi, sector donde se producen manifestaciones antimineras, no están usando armamento de fuego letal ni perdigones, solo material disuasivo como gas lacrimógeno.

Estas declaraciones se producen horas después de una denuncia realizada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) en redes sociales, en donde afirmaron que uno de los campesinos que estaba protestando fue herido por las fuerzas del orden.

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Desde el Ejecutivo señalan que un grupo organizado que pretendía romper con el orden público utiliza artefactos explosivos improvisados, como tubos con voladores; y armas cortopunzantes.

Afirman que, producto de la utilización de estas armas letales de origen artesanal, una persona resultó herida por la manipulación de artefactos explosivos, y que otra persona ha sido herida con arma cortopunzante en el pómulo.

Además, que un tercer ciudadano presenta traumatismos múltiples en su cabeza y cuello por perdigones, quien fue atendido por las entidades de salud del sector y posteriormente fue trasladado al hospital de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, denunció en declaraciones a la prensa que un grupo equipado con bombas molotov, escudos metálicos y artefactos explosivos improvisados, hirieron a varios miembros de la fuerza pública y destruido propiedad privada en el sector de Palo Quemado.

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"Este ataque me obliga a recordar a la ciudadanía, que un acto terrorista es aquel que tiene como objetivo causar la muerte o lesiones físicas contra cualquier persona, o cuando el propósito por su naturaleza es intimidar a una población".

Vela expresó que estos actos no serán tolerados, mucho menos durante el estado de excepción que rige en Ecuador.

Un juez de Sigchos, cantón de la zona de la protesta, suspendió de forma cautelar las consultas ambientales que el Gobierno realiza para tramitar los permisos de desarrollo del proyecto minero.

Según la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), más de 500 soldados y policías, con el apoyo de helicópteros y equipo militar se han instalado en la zona.