Asesinato Fernando Villavicencio: Fiscalía habría comenzado investigación sobre revelación de identidad del testigo protegido

La Fiscalía General del Estado habría comenzado una investigación sobre una persona que reveló en redes sociales la identidad completa del testigo protegido que proporcionó información de los autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio.

Así lo asegura el portal de investigación Código Vidrio, quienes relatan que fuentes de la institución dijeron "que es muy grave que se haya revelado el nombre del testigo, pues eso pone en riesgo su vida y la de su familia".

Le puede interesar: Asesinato Fernando Villavicencio: testigo que dio su versión anticipada pertenecería al grupo delincuencial implicado en el crimen

También agregan que esta persona señaló que se pactó un valor de 200 000 dólares para los sicarios. Este dato también fue mencionado por Christian Zurita, amigo personal de Villavicencio y quien lo reemplazó en la contienda electoral.

El pasado sábado 8 de octubre la Fiscalía había comunicado que recibió el testimonio anticipado de un testigo, quien reveló los preparativos y montos ofrecidos por los autores intelectuales del crimen que acabó con la vida del periodista y político, y que se terminó la etapa de instrucción fiscal.

Revelar identidad de testigo protegido conlleva sanción penal

La Fiscalía publicó un comunicado este martes 10 de octubre, en el que indica que está circulando información falsa en torno al proceso de investigación del caso Villavicencio.

Lea también: Asesinato Fernando Villavicencio: Christian Zurita revela que habrían ofrecido USD 200 mil por el sicariato

Señalaron que el testimonio del testigo protegido "ha sido tomado con observancia a los procedimientos pertinentes que la ley procesal dispone".

Por último, recuerdan que es parte fundamental del cumplimiento de la ley mantener en reserva la identidad de un testigo protegido, pues la revelación de esta información está "sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años", según lo establece el artículo 273 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).