Estudiantes extorsionan a profesores y compañeros de clases en unidades educativas de Guayaquil, afirma la Policía

La Policía está limitada a combatir los delitos que se cometen al interior de las unidades educativas, por el protocolo de seguridad del Ministerio de Educación.

Según este reglamento, los uniformados solo pueden hacer inspecciones superficiales a los estudiantes. Es decir, lo pueden revisar las pertenencias y no pueden realizar un cacheo que implique tocar el cuerpo del alumno.

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Además, los agentes únicamente tienen permitido ingresar a la institución con orden judicial o por un delito flagrante. Sumado a esto, no pueden hacer registros arbitrarios, ni colectivos a los estudiantes. Si lo hacen, tiene que ser en presencia de una autoridades del plantel o del padre de familia.

"No podemos ingresar con arma a la unidad educativa (...) ¿qué hacemos con el arma si queremos entrar, a quién se la dejamos afuera?", comentó Roberto Santamaría, jefe policial zonal.

Varios estudiantes del noroeste de Guayaquil vinculados con bandas

Con esos límites, la Policía culminó una investigación en el distrito Nueva Prosperina, en el noroeste de Guayaquil, en el que determinaron que el 16% de estudiantes en nueve planteles de ese sector tienen vínculos con tres bandas narcodelictivas.

"Si aquí existen más de 2 000 estudiantes, imagínese el 16%, son más de 200 estudiantes que están vinculados a estas bandas", señala Santamaría.

Los implicados son alumnos desde la edad de 12 años, que acuden a las aulas cada dos semanas para extorsionar a docentes y a sus compañeros de clases, a quienes también les piden un dólar para no agredirlos.

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"Tenemos casos, por ejemplo, que les piden 2 000 dólares a todos los profesores de una unidad educativa para dejarlos trabajar", asegura el jefe policial.

Algunos de los profesores afectados han presentado su denuncia en la Fiscalía, mientras otros por temor a represalias evitan hacerlo y están sometidos hasta para que pasen de año a los adolescentes infractores.