Un exdirector de una escuela en Zamora Chinchipe es acusado de violar a dos niñas de nueve años
Un juez de Zamora Chinchipe ordenó prisión preventiva para el exdirector de una escuela por presuntamente haber violado a una niña de nueve años, según informó este miércoles 12 de junio la Fiscalía General del Estado (FGE).
La institución detalló que este es el segundo proceso que se sigue en contra de Carlos Leodán S. V. y por la misma infracción penal, pues en febrero de 2024 se le formularon cargos por, presuntamente, haber agredido sexualmente a la prima de la actual víctima, también de nueve años.
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Por este hecho, la audiencia preparatoria de juicio está señalada para el próximo 5 de julio.
El fiscal indicó que, entre 2014 y 2016, el procesado se desempeñaba como director y profesor de una escuela unidocente, situada en Zumbi, una localidad rural del cantón Centinela del Cóndor.
"Aprovechándose de su poder, el investigado habría llamado a la niña a su oficina para proyectarle videos pornográficos desde su computador, para luego cometer la violación", señaló la FGE.
Estos hechos -añadió- se repetirían de dos a tres veces por semana y, en ocasiones, se registrarían frente a la prima de la víctima, a quien también habría agredido sexualmente bajo la misma modalidad.
La versión de la agraviada -adolescente en la actualidad- fue uno de los elementos de convicción que el fiscal presentó en la audiencia.
En su relato, la joven indicó que guardó silencio debido a las amenazas del docente, quien le habría dicho que, si contaba lo que estaba pasando, atentaría contra su integridad y la de su familia.
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Lo narrado por la víctima guarda coherencia con la valoración médico-ginecológica: la pericia confirma lesiones antiguas en las partes íntimas de la víctima, quien, además, reconoció al procesado como su agresor.
Este último procedimiento concluyó que la adolescente presenta un cuadro de ansiedad. Carlos Leodán S. V. es procesado por un delito que sanciona en Ecuador con la pena máxima de 22 años de cárcel, si la víctima es menor a 10 años y si el agresor es profesional de la educación.